Acusan por rebelión y malversación a Puigdemont y al Parlament de Cataluña

Le pide una fianza de 6,2 millones de euros y si no comparecen urgentemente, serán detenidos.

El Fiscal General del Estado anunció dos querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y “otros delitos conexos” contra el Govern en la Audiencia Nacional y contra la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo. Le pide una fianza de 6,2 millones de euros y si no comparecen urgentemente, serán detenidos.

José Manuel Maza anunció hoy las iniciativas penales que su departamento emprenderá contra Puigdemont y del resto de su gobierno y también contra los responsables en el Parlamento de Cataluña de la declaración unilateral de independencia del pasado viernes que afectan a una veintena de querellados: todos los exmiembros del Govern y seis miembros la Mesa del Parlament. Las querellas contra los dirigentes del proceso soberanista solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su “inmediata detención”.

Maza, que compareció en un breve comunicado sin preguntas, confirmó una “querella por delito de rebelición, sedición, malversación y otros delitos conexos a los responsables de la Generalitat” en la Audiencia Nacional ya que ya han sido cesados y por ello no obstentan la condición de aforados.

Ha detallado que esta querella se dirige contra “los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia”, realizada “con total desprecio a nuestra Constitución”.

Contra el Parlament

Asimismo, ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa aforados que tramitaron la declaración de independencia, tal como adelantó el pasado viernes.

Esta segunda querella se ha presentado esta misma mañana ante el Tribunal Supremo al conservar “la mayoría” de los querellados su aforamiento, como miembros la Diputación Permanente una vez disuelto del Parlament.

Esta querella “se dirige contra Forcadell y contra todos los integrantes de la Mesa del Parlament que facilitaron, con sus votos, la tramitación de la declaración de independencia, tanto los aforados como miembros de la Diputación, como los que ya no lo están al verse arrastrados por la competencia del Supremo”.

Según Maza, la presidenta y los diputados independentistas posibilitaron con sus acuerdos “la culminación del proceso independentista” facilitando la votación de la declaración de independencia en el Parlament.

Las querellas piden que los querellados sean citados ante los mencionados tribunales para prestar declaración y se solicita que sean citados los querellados “en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados”.

Fianza de 6.207.450 euros

El Fiscal interesa que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), “se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros conforme a las previsiones contenidas en la Ley 4/2017, de 28 de marzo, declarada inconstitucional por la STC nº90/2017, de 5 de julio”.

Así pone en marcha la Fiscalía General del Estado la maquinaria legal contra los responsables de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán, incluido el expresident de la Generalitat Carles Puigemont.

El Ministerio Público ya anunció la pasada semana la preparación de una querella inicialmente contra Puigdemont, si bien incluye ahora al vicepresidente Oriol Junqueras y al resto de miembros del gobierno autonómico tras la votación del viernes en el Pleno del Parlamento catalán que declaró constituida la República catalana. Todos perdieron la condición de aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Supremo tras ser cesados y ser disuelto el Parlament.

Malversación, desobediencia y prevaricación suponen hasta 13 años de cárcel. Si se le suma sedición, hasta 28 de cárcel, más rebelión, hasta 58. Maza no ha diferenciado entre el Govern y el Parlament. En la querella que estudia el TSJ de Cataluña, a la Mesa del Parlament no se le ha imputado malversación.

La Audiencia Nacional y el Supremo asumirán ahora además de estas querellas los procesos que dirime el TSJC contra el Govern y el Parlament por la aprobación de la ley del referéndum los pasados 6 y 7 de septiembre. El fiscal general ha apuntado que las medidas cautelares que va a solicitar serán de “gravedad”, según ha dicho en alusión a los delitos, es decir, que pedirá prisión incondicional.

El fiscal general ha recalcado que “a partir de ahora la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la ley, para garantizar el respeto al Estado de derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.


 

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