Caso Santiago Maldonado: el Gobierno afirma que “corresponde” pagar la recompensa a un joven mapuche que aportó “datos fehacientes”

Según fuentes oficiales, se trata de uno de los últimos jóvenes que declaró ante Lleral, que dijo que intentó cruzar el río con Santiago y marcó el lugar; Matías Santana podría ser denunciado.

|Una vez confirmado que el cuerpo hallado el pasado martes en el río Chubut era el de Santiago Maldonado , comenzó la revisión de los testimonios recibidos durante la búsqueda del joven que había desaparecido el 1 de agosto. Puntualmente dos declaraciones que están bajo la lupa, aunque desde ópticas distintas.

El testigo, que declaró ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof, se identificó ante la Justicia, pero su nombre quedó protegido, por seguridad.

El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de 500.000 a 2 millones de pesos el 7 de septiembre último. El juez Lleral es quien debe ordenar la medida para que se haga el pago, aunque el tema tiene sensibilidad por el clima de tensión que se vive en el Pu Lof.

“Falso testimonio”

Por otro lado, las fuentes gubernamentales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrado los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por “falso testimonio”. Se trata del miembro de la comunidad que dijo creer haber visto que los gendarmes golpearon “a un bulto” y se lo llevaron, primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza. Será clave revisar con qué grado de aseveración Santana declaró esa versión, para ver las consecuencias legales que puede tener.

Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. Ayer, el juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. Ayer la familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución de aquel 1 de agosto en el Pu Lof.

Ayer, el juez confirmó que el cuerpo del artesano no presentaba lesiones y enfatizó que todas las partes estuvieron de acuerdo con el procedimiento realizado. Fue mucho más prudente al hablar de la causa de la muerte, cuya determinación, según Lleral, llevará “más de dos semanas” por la necesidad de recurrir a “resultados complementarios”. Tres fuentes con acceso a la autopsia dijeron a LA NACION que los primeros signos eran de “ahogamiento” o de alguna causa vinculada con el agua. Una de esas fuentes aseguró que el cuerpo estuvo sumergido “al menos por 60 días”, pero fue solo una de las partes. Por ahora nada de esto fue oficializado.

Un rastrillaje clave

El juez activó el operativo que dio con el cuerpo de Santiago Maldonado después de tres testimonios que lo convencieron de que había que volver a buscar al joven en el epicentro del conflicto, a pesar de que el juez anterior había hecho tres rastrillajes. Dos de esos testimonios fueron de mapuches que declararon en la primera visita del juez al territorio, el 4 del actual. Dijeron que habían estado con Santiago en el operativo de la Gendarmería el 1º de agosto y uno de ellos es quien habría dicho que el tatuador no logró cruzar.

El otro testigo fue el prefecto principal Leandro Antonio Ruata, que comandó los rastrillajes anteriores y le dijo a Lleral que era necesario hacer “al menos un rastrillaje más”.

La fiscal Silvina Ávila pidió un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, desde seis kilómetros antes del Pu Lof. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.

Según dijeron a LA NACION altas fuentes judiciales, el miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al juzgado. El jueves 12 al mediodía fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados, que no estuviera la Policía Federal y pidieron debatir entre ellos.

El viernes fue la tercera reunión, también en el juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celular para sostener el diálogo, redactó la medida que ordenó el procedimiento y pidió con urgencia al Gobierno que se consiguieran los perros rastreadores.


 

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