Comenzó el juicio por la mayor tragedia penitenciaria de la historia argentina

El 16 de octubre de 2005, 33 presos de la unidad penal de Magdalena murieron asfixiados y quemados; 17 guardiacárceles, en el banquillo.

Con 12 años de demora, empezó el juicio por las 33 muertes durante un incendio en el penal de Magdalena. El Tribunal Oral en Criminal N° 5 de La Plata tiene en sus manos el destino de los 17 acusados: 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y quienes eran director y jefe de seguridad exterior del penal que fue escenario de la peor tragedia carcelaria de la Argentina. Ayer hubo alegatos de apertura y declararon los primeros testigos.

La fiscal Florencia Budiño pidió que se los juzgue a los agentes por abandono de persona seguida de muerte y a los dos oficiales, por homicidio culposo agravado. El Tribunal, integrado por los jueces Ezequiel Medrano, Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias, tomará declaración a unos 400 testigos. De ese total, unos 200 están detenidos, 150 son funcionarios penitenciarios, 20 son peritos y 25, bomberos. Se estima que el juicio terminará en noviembre próximo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) serán querellantes en la causa. Cada uno patrocina legalmente a algunas familias de los fallecidos en el trágico incendio.

El 16 de octubre de 2005 hubo un incendio en el pabellón 16 de la Unidad Penal N°28 de Magdalena. Murieron asfixiadas y quemadas 33 personas que estaban presas en el lugar. Sobrevivieron sólo dos hombres, que salieron del penal con serias lesiones en sus cuerpos.

Había 58 presos alojados en el módulo, un pabellón de autodisciplina donde había presos considerados de buena conducta. La mayoría de los que fallecieron estaban imputados por delitos contra la propiedad, y tenían menos de 26 años. Sólo dos de ellos tenían condena firme. Los demás estaban procesados.

Ayer al mediodía declaró Héctor, uno de los que estaba detenido en esa misma unidad aquél día. Relató cómo ayudó a sacar a sus compañeros de adentro del pabellón y explicó sus movimientos marcándolos en una maqueta y luego, en un mapa. “Entraron a los escopetazos y largaron a los perros”, dijo el testigo sobre el personal del SPB.

Fueron a reprimir una trifulca entre internos. Dispararon a quemarropa con munición antitumulto. Para hacer que se replegaran, algunos presos prendieron fuego los colchones. Los guardiacárceles se replegaron y cerraron la puerta con candado. Completó la trampa mortal el hecho de que la red de cañerías contra incendio no funcionó porque las bombas de agua carecían de conexión eléctrica y no funcionaban la mitad de los 55 extinguidores para fuego. Los presos murieron asfixiados y quemados.

Los 17 imputados llegan al juicio en libertad. El entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda, y quien era el jefe de la guardia de seguridad exterior, Cristian Alberto Núñez, serán juzgados por homicidio culposo agravado. Los otros 15, por abandono de persona seguido de muerte: Reimundo Héctor Fernández, Jorge Luis Martí, María del Rosario Roma, Marcelo Fabricio Valdiviezo, Juan Eduardo Zaccheo, Gualberto Darío Molina, Juan Emiliano Santamaría, Juan César Romano, Carlos Augusto Busto, Marcos David Sánchez, Rubén Alejandro Montes de Oca, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Maximiliano Morcella y Gonzalo Pérez.

Sus abogados plantearon que los guardiacárceles son inocentes y auguraron que podrán controvertir las pruebas de cargo en el juicio. Hubo también planteos más políticos de los defensores particulares, en los que señalaron que se había tratado de “una responsabilidad de gestión”. El gobernador era Felipe Solá.

Primero declararán los detenidos en la unidad en ese momento; luego lo harán los bomberos y los peritos. A fines de septiembre será el turno del personal del SPB y en octubre, de policías bonaerenses.

“No se trataba de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario: el lugar no cumplía con los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de personas, ya que había sido construido como un «Pabellón de bajo costo» en el que se hacinaba a personas en condiciones inhumanas. Era una forma de resolver el hacinamiento creciente del sistema” carcelario, explicaron ayer, en un comunicado, las organizaciones querellantes.

La jornada se extendió, finalmente, hasta las ocho de la noche. Además de Héctor, declararon Julio y Pablo, que también estaban detenidos en el pabellón mortal o en los contiguos y que salieron a socorrer a quienes se estaban asfixiando. Los tres coincidieron en que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense los dejaron solos. Contaron, también, que sacaron a los otros presos del pabellón tras romper las puertas con un adoquín.

“Que este juicio haya demorado tanto tiene que ver con la dificultades del propio sistema judicial para hacerse cargo de casos de esta gravedad. Se sospecha, con mucha prueba, que murieron porque los dejaron encerrados. Esto muestra cómo es la vida dentro de la cárcel”, dijo a LA NACION Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. Y concluyó: “Las condiciones estructurales que se van a juzgar no cambiaron demasiado en estos 12 años”.


 

 

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