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De Vido va a indagatoria por la asignación de subsidios para el gasoil a colectivos

El ex ministro de Planificación debe responder ante el juez Bonadio, que investiga denuncias de corrupción en el sistema de ayudas estatales a las empresas de transporte urbano.

El 23 de de junio, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio de Vido tendrá que declarar en indagatoria por un caso de corrupción ocurrido cuando él era ministro de Planificación.

El juez Claudio Bonadio citó a De Vido para que se defienda en un caso en el que se investiga la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos. En el expediente se analiza el período comprendido entre 2005 y 2012. Pero los investigadores pudieron hallar datos fehacientes recién a partir de 2008, según el diario Infobae.

Durante años, para evitar subir las tarifas a los usuarios, el Estado subsidió el gasoil utilizado por los colectivos. La secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de declaración jurada unlilateral de las empresas que señalaban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada colectivo. Con eso cobraran, previo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El sistema funcionó así hasta que -luego de la Tragedia de Once- el área de Transporte pasó de la órbita de De Vido al ministerio del Interior a cargo de Florencio Randazzo.

Randazzo colocó GPS en los colectivos y se extendió el sistema de tarjeta SUBE. Con ambas medidas se pudo controlar con precisión tanto la cantidad de pasajeros transportados como los kilómetros recorridos por los colectivos. 

En la investigación judicial se compararon los kilómetros que denunciaban las empresas antes de los GPS con lo determinado luego de la aplicación del sistema de control. Se hallaron diferencias. Algunas menores que oscilaban entre el 5 y 10 por ciento y otras que llegaban al 50%. Es decir que las empresas declaraban más kilómetros recorridos que los reales y en consecuencia cobraban más subsidios al gasoil.

En el expediente a cargo de Bonadio se detectó, según fuentes judiciales, un perjuicio contra el Estado de 206 millones de pesos. 

En la causa por la que Bonadio citó a De Vido y a los ex secretarios de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, se acumularon varios expedientes referidos al mismo asunto.