Desmonte cero: el gobierno nacional fijó esa meta para 2030

Bergman celebró la caída en los números de la deforestación; admitió que hay fallas en la ley.

Funcionarios nacionales y provinciales destacaron el descenso de la deforestación desde la aprobación de la ley de bosques, aunque reconocieron que existen problemas para fomentar el uso sustentable de los bosques y evitar desmontes.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, consideró que haber pasado de 300.000 hectáreas deforestadas por año a 136.000 en 2016 es “un descenso razonable”. Y añadió: “Para un país en desarrollo, tener una tasa de pérdida de bosques de alrededor del 0,5% resulta razonable”. Adelantó que la meta es “alcanzar antes de 2030 una deforestación cero”.

En Santiago del Estero también destacaron un descenso leve desde 2007 y más pronunciado desde 2009, aunque reconocieron que la mitad de las 26.000 hectáreas deforestadas el año pasado fueron ilegales. “El 50% han sido desmontes con permiso para sistemas de ganadería silvopastoril, donde se sacan los arbustos y quedan los árboles grandes. Y el otro 50% son desmontes sin autorización, y en todos los casos se iniciaron sumarios. Esos campos están cautelados, por lo que no los pueden vender ni producir”, expuso Abel Rosales, director de Bosques del gobierno provincial, y enfatizó que “con el 5%” de los fondos que debieron haber recibido por ley de Nación para fomentar el uso sustentable de los bosques lograron “reducir un 80% el desmonte”, al pasar de una deforestación de 113.000 hectáreas anuales para el período 2008-2011 a las 26.000 de 2016.

Pese a que tuvo el nivel más bajo en 2016, alertan que sigue siendo alta

Se perdieron más de 135.000 ha, lo que equivale a seis veces la superficie de la Capital; ambientalistas piden mayores controles

Pérdida de biodiversidad e inundaciones son los principales efectos del desmonte
Pérdida de biodiversidad e inundaciones son los principales efectos del desmonte. Foto: Greenpeace 

Un cementerio de árboles. Eso fue a mediados de año la chacra Las Rejas, en el noroeste chaqueño. Algarrobos, quebrachos y guayacanes esparcidos en 2900 hectáreas. Los tumbó una topadora. La empresa agropecuaria Cuenca del Salado preparaba el terreno para sembrar. La compañía consiguió que Chaco autorizara un cambio de zonificación con el que logró que parte del bosque ya no deba ser conservada. El desmonte es uno de los más grandes registrados este año y resulta representativo del avance sobre el bosque nativo hoy, diez años después de la aprobación de ley que consiguió desacelerar la deforestación, pero que está lejos de detenerla.

El año pasado desaparecieron 136.470 ha de bosques, una superficie que equivale a seis veces la Capital, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación surgidos del monitoreo de las 16 provincias que abarcan las cuatro regionales forestales más amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor medida yungas, selva paranaense y espinal. Y lo que resulta dramático es que 58.281 de esas hectáreas eran de bosques que las provincias habían catalogado como “rojos” y “amarillos” por su valor de conservación. Según parámetros que instauró la ley, se categorizan como rojos los bosques que no deben sufrir ninguna transformación; como amarillos los que presentaban alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y como verde los sectores poco conservados, por lo que se pueden hacer desmontes con permisos previos.

Graves inundaciones en Tartagal, Salta
Graves inundaciones en Tartagal, Salta. Foto: Greenpeace

Para el Gobierno, la baja está dentro de lo razonable. Y prometió que antes de 2030 se llegará a la meta de deforestación cero.

“Muchas empresas sojeras compran campos en zonas amarillas, solicitan que cataloguen el predio como verde, lo consiguen y logran desmontar”, describió Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela, un organismo dedicado a la investigación social que denunció al gobierno chaqueño porque, según establecen las pautas para actualizar las categorizaciones de bosques, los ajustes no pueden implicar un retroceso respecto de los niveles de protección.

Claudio Andreoli, titular de Cuenca del Salado y del predio Las Rejas, afirmó que la empresa no empezó ningún trabajo hasta que no consiguió los permisos. “El desmonte estuvo autorizado y cumplió todos los trámites que debe atravesar. Se hizo una audiencia pública en la que no hubo ningún tipo de oposición, un estudio de impacto ambiental, calicatas y otras tareas previas a que se autorice el cambio de zonificación por ser un terreno apto para la actividad agrícola”, señaló.

Infractores

Según Greenpeace, luego del ordenamiento territorial hecho por las provincias, el 80% de los bosques fue catalogado como zona roja o amarilla. “Eso fue importante, pero la presión y el avance de la agricultura y la ganadería sobre la región de bosque chaqueño son muy grandes”, indicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

“Muchas veces la deforestación se frena porque el clima lluvioso no lo permite o porque no cierran los números para invertir en un desmonte”, advirtió Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre.

Las multas para quienes desmontan en zonas prohibidas suelen ser altas, pero señalan que son difíciles de cobrar. En Santiago del Estero rondan los $ 16.000 por hectárea afectada. Sin embargo, según reconocieron en esa provincia, recaen sobre grandes empresas sojeras que judicializan el castigo. Esa situación, que se repite en Chaco y Salta, llevó a que Greenpeace reclamara que el desmonte y el otorgamiento de permisos de desmontes en zonas protegidas sean considerados delitos penales. “Hay una impunidad que las multas no resuelven”, consideró Giardini. El Registro de Infractores Forestales creado por la ley de bosques, presenta información en sólo siete provincias.

La falta de financiamiento de la ley es otro de los puntos que las ONG marcan como determinantes para explicar por qué la deforestación ilegal no se detuvo. “Cada vez se comprometen menos recursos que podrían servir para recuperar bosques degradados, controlar que no haya deforestación ilegal y también para compensar a aquellos titulares de tierras con bosques”, señaló Ana di Pangracio, directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

La pérdida de bosques tiene varias consecuencias: incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de agua de lluvia, pérdida de biodiversidad y migración y desarraigo de las poblaciones rurales.


 

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