Echaron a Cattáneo, pero la Justicia aún no tomó cartas en el asunto

El extitular de la Cooperadora Asistencial saqueaba sueldos de empleados públicos y los explotaba.Por el hecho, la Fiscalía de Estado investiga el fraude cometido al patrimonio provincial.

Luego de que El Tribuno revelara ayer cómo Eduardo Cattáneo saqueaba los sueldos de agentes estatales que, además, eran explotados en negocios privados, el Ejecutivo le quitó el cargo político que tenía en la Vicegobernación.

Su despido fue dispuesto mediante una resolución que firmaron el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós, y el ministro de Gobierno de la Provincia, Juan Pablo Rodríguez.

En forma simultánea, la fiscal de Estado, Mónica Lionetto, abrió un expediente administrativo para aclarar los alcances de la afectación del patrimonio público y promover una investigación penal.

Hasta el cierre de esta edición no se conocía actuación alguna del Ministerio Público frente al informe que tuvo amplia repercusión en la prensa y llenó las redes sociales de indignación. Los cuestionamientos a la vista gorda de los fiscales y los reclamos de justicia para los casos de corrupción se viralizaron en Facebook y Twitter.

Ayer tarde fuentes fidedignas advirtieron sobre inminentes maniobras para hacer desaparecer pruebas y desmantelar los negocios manejados por Cattáneo en la propiedad de Zuviría 820. Allí, tras la placa de una fundación, Recursos para el Desarrollo y la Inclusión (REDINC), el extitular de la Cooperadora Asistencial de Salta usó a empleados públicos como mano de obra de servidumbre desde hace al menos un año y medio. Para ello se valió de un cargo político de nivel 1 con el que fue favorecido desde la Vicegobernación, luego de dejar la Cooperadora capitalina, en diciembre de 2015, envuelto en denuncias de negocios incompatibles. En su momento, este diario destapó sus turbios intereses societarios con el mayor proveedor de los colchones y cuchetas adquiridos entre 2008 y 2015. Pese a la lapidaria documentación pública sacada a luz, ningún fiscal movió un dedo para aclarar las graves irregularidades desnudadas en torno de un presupuesto social de cerca de $200 millones anuales. Hoy, a la luz de los hechos por los que el Gobierno lo despidió, queda claro que la inacción judicial favoreció su largo raid ilícito, con lamentables consecuencias para el patrimonio de todos los salteños.

Es muy probable que las demoradas respuestas del sistema judicial a la “notitia criminis” confabulen también ahora contra la preservación de pruebas. Con Cattáneo todavía suelto posiblemente los trabajadores públicos que sufrieron las exacciones y decidieron grabar el audio que prueba el saqueo salarial estén siendo hostigados y amenazados por estas horas. Su seguridad personal debería ser considerada la primera prioridad, como lo hizo El Tribuno al tomar la decisión de editar el explosivo audio de más de seis minutos para preservar la identidad e integridad de quienes lo grabaron dentro de la propiedad de Zuviría 820, donde Cattáneo fue en todo este tiempo el “ñoqui” mandamás de la Fundación Redinc, el diario digital El regional y la homónima radio de Internet.

Allí, inspectores de la cartera provincial de Trabajo constataron el pasado lunes 5 de junio la irregular ocupación de dos trabajadores no registrados, una decena de agentes de la Vicegobernación e igual cantidad de empleados de la Cooperadora Asistencial de Salta, que también se convirtieron en mano de obra de los medios manejados por Cattáneo por un convenio firmado con la Fundación Redinc.

Los presuntos delitos cometidos con empleados públicos en Zuviría 820 van desde abuso de poder, exacciones ilegales (coima exigida) y extorsión, hasta malversación de fondos públicos, fraude en perjuicio del Estado provincial y enriquecimiento ilícito. La decisión que apuró ayer la Fiscalía de Estado de la Provincia, ante las lapidarias evidencias de una afectación del patrimonio público, no tenía hasta anoche medida alguna oficializada a nivel judicial en la misma dirección.

Fuentes del Ministerio Público solo dejaron trascender, extraoficialmente, que el caso era “analizado” ayer tarde por la fiscal Mónica Poma, titular de Unidad de Delitos Económicos Complejos. Las evidencias que comprometen a Cattáneo no se limitan únicamente al audio que prueba cómo el privilegiado “ñoqui” de la Vicegobernación se apoderó, desde 2016, del 70% de los salarios de los empleados públicos explotados. La investigación periodística de El Tribuno también se cimentó en constancias públicas de los nombramientos y planillas de asistencia firmadas dentro de la propiedad de dos plantas de Zuviría 820. Los tramos más relevantes del audio, resumidos en menos de un minuto, pueden escucharse en el sitio de El Tribuno digital.

En la grabación, un empleado le entrega $12.000 de su sueldo de $20.000. Cattáneo le exige $1.000 por el último aumento que el trabajador recibió en la Administración Pública y le aclara que la mejora salarial es “mita y mita”.

El exfuncionario también se autojustifica y sostiene que usa los salarios que les saca los estatales expoliados para pagar los sueldos de otros empleados no registrados.

Antecedentes de impunidad

La debilidad de Eduardo Cattáneo es su carácter. Está acostumbrado a atropellar a las personas y por ello quienes alguna vez trabajaron bajo su órbita, hartos del destrato, no dudaron en denunciar las diversas irregularidades que cometió. 
Así sucedió, por ejemplo, con la filtración de una grabación de noviembre de 2015, cuando el por entonces presidente de la Cooperadora Asistencial de Salta amenazó, en una reunión con trabajadores municipales, con impedir la asunción del electo intendente capitalino Gustavo Sáenz.
“Yo toco el pito y tengo a dos mil tipos en la Municipalidad y Gustavo Sáenz no asume”, vociferó en esa oportunidad y se armó un escándalo mediático nacional, en el que la Justicia salteña brilló por su ausencia.
También a finales de 2015, entrenadores de diferentes escuelas municipales de boxeo, que estaban a cargo de Cattáneo, dieron a conocer a este diario sobre manejos irregulares de $2,5 millones que eran asignados para esos gimnasios.
Fuentes de la Cooperadora revelaron, además, negociados en las compras para asistencia crítica. Así, El Tribuno pudo comprobar hace dos años, mediante información oficial, que Cattáneo compartía intereses societarios con otro funcionario, Ernesto Fredy Abud, quien entre 2008 y 2015 fue el principal proveedor de las camas y cuchetas que distribuía el organismo asistencial.
La empresa de Abud, El Afil SRL, fue constituida el 20 de mayo de 2008. El 4 de enero de 2012, el gerente de la firma llegó al directorio del Parque Industrial de Salta y dos años después asumió como titular del Ente General de Parques y Áreas Industriales de la Provincia y como director del parque fabril de General Mosconi.
Es en esa cálida localidad donde unen intereses comerciales Cattáneo y Abud, mediante la creación, el 15 de junio de 2011, de la empresa Pingüinos del Norte SRL.
La firma se conformó, según registros legales, para elaborar, fraccionar, envasar y comercializar hielo, bebidas gaseosas y agua mineralizada. Fue inscripta por Abud y la esposa de Cattáneo, María Carmen Chanampa.
Resta decir que en Mosconi, como en el resto del departamento San Martín jamás se vio ni un cubito de hielo del emprendimiento “pingüino”.

Fuente: Equipo De Investigación El Tribuno

El Código Procesal Penal en este caso

Los hechos revelados por la prensa y que involucran al expresidente de la Cooperadora Asistencial de la capital deben ser investigados por el Ministerio Público Fiscal.
Frente a una notitia criminis, investigar es una obligación ineludible del fiscal, así lo dispone claramente el artículo 241 del Código Procesal Penal.
De la investigación periodística publicada surgiría la posible comisión del delito de peculado de servicios y delitos contra la propiedad.
El peculado de servicios consiste en “emplear en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
Ese ilícito puede acarrear una pena de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Así surge del artículo 261, segundo párrafo del Código Penal.
Por su parte, obligar a los empleados a entregar parte de un sueldo a un funcionario, es avanzar contra su derecho de propiedad, conducta que se encuentra reprimida, evidentemente, por el Código Penal.
De comprobarse la existencia de ese delito la pena que corresponde es de uno a cuatro años de prisión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 266 del Código Penal.
Los hechos denunciados por investigación periodística de El Tribuno lamentablemente son frecuentes en nuestro medio.
La división entre lo privado y lo público para muchos funcionarios no existe.
Así vemos cómo recursos públicos, como aviones estatales o vehículos oficiales, son utilizados en provecho personal de funcionarios a pesar de las previsiones del Código Penal, que reprimen el peculado.
También es una práctica extendida que funcionarios se queden con porcentajes de los sueldos públicos de empleados que, generalmente, ingresaron a la administración por influencia de esos mismos funcionarios.
Para comprobar esto basta con repasar la crónica periodística de los últimos años en nuestro país.

Fuente: El Tribuno de Salta (Por Gonzalo Guzman Coraita)


 

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