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El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal

Se proyectan al menos tres nuevos presidios con el aporte de capitales particulares.

La búsqueda de inversores privados para obras de infraestructura y servicios que lanzó el Gobierno no sólo apunta a las demandas tradicionales de la población, como la construcción de rutas, de centrales eléctricas o de hospitales. También incluye un capítulo menos tentador, aunque no por eso menos rentable para los dueños del dinero. Se trata de la construcción de cárceles, un ítem deficitario, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

Según el relato que cuentan quienes participan de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le planteó la necesidad de aumentar la infraestructura carcelaria al presidente Mauricio Macri, que de inmediato se lo extendió a Rogelio Frigerio, titular de Interior, que también tiene a cargo la obra pública a nivel nacional.

El pedido de Macri se tradujo en proyectos concretos bajo la modalidad conocida como Participación Público Privada (PPP), que se licitarán entre fines de este año y principios de 2018 junto con otros proyectos.

El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal
El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal. Foto: Archivo  

El segundo, en tanto, estará en Ezeiza. El nuevo Centro Penitenciario Federal VI tendrá 3744 plazas. Y también se ampliará el Complejo Agote II, en Marcos Paz, que sumará otras 600 plazas.

En total, las obras para ampliar la dotación de cárceles sumarán 9624 plazas, en comparación con las aproximadamente 11.000 que están disponibles hoy en Buenos Aires para presos con causas federales.

La inversión se financiará bajo la modalidad de PPP. La ley que convalida esa vía alternativa de financiamiento (distinta a las inversiones solventadas con el gasto público y a los recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito) fue aprobada el año pasado y reglamentada en febrero último.

En el caso específico de la construcción de cárceles y hospitales, que no representarán un ingreso por la contraprestación en el futuro, las compañías privadas deben conseguir el financiamiento y construir la obra. Luego de su finalización comenzarán a cobrar el capital y una rentabilidad preacordada, que figurará en los contratos.

Para convencer a los empresarios privados, el Gobierno deberá comprometer algún tipo de garantía. Pueden ser desde bienes del Estado hasta el flujo de fondos proveniente de un fideicomiso.

La búsqueda de financiamiento a través de PPP está en la mira de Macri desde hace tiempo, quizás inspirado por su pasado como constructor privado. Todos los martes se reúnen unas 30 personas en la Jefatura de Gabinete bajo la égida de Gustavo Lopetegui, uno de los coordinadores de esa cartera. El objetivo es definir las obras a licitar cuanto antes.

En términos institucionales, la Oficina de PPP está en la órbita del Ministerio de Finanzas, que maneja Luis Caputo. Su titular es Luis Moreira, un joven ingeniero nieto de uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano en la Argentina.

El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal
El Gobierno busca incorporar más de 9000 plazas en el sistema penitenciario federal. Foto: Archivo

El Gobierno considera que la asociación público-privada es un mecanismo fundamental para cubrir un tercio de las inversiones en obras con las que Macri espera transitar su mandato.

Para atraer a los inversores de otros países, el marco normativo de esos convenios contempla la posibilidad de extender la jurisdicción en los contratos específicos para que quienes financien al país puedan litigar en otras naciones, si así se estipula.

Especialistas del sector explicaron que uno de los posibles destinos de las nuevas obras sería el pasaje a esos complejos de unos 3000 presos por delitos federales (como los relacionados con drogas) que están en las cárceles bonaerenses.