El juez Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina de Kirchner

En una batería de órdenes judiciales, el juez Claudio Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la expresidenta Cristina de Kirchner, en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA, que fue denunciado por el exfiscal Alberto Nisman antes de su muerte.

En el contexto de la misma causa fueron detenidos hoy el ex secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el dirigente Luis D’ Elía, y el referente de la comunidad islámica en Argentina, Jorge “Yussuf” Khalil. Se espera también que se entregue el exlíder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche. Asimismo, Bonadio dictó la prisión preventiva para el excanciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por cuestiones de salud, y dictó el procesamiento sin prisión preventiva al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, al diputado Andrés Larroque, y a la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y les prohibió salir del país.

Por otro lado, el juez dictó falta de mérito al exsecretario privado de Timerman Luciano Tanto Clement y su asistente Alberto Mercado, al igual que del embajador Alberto D´Alotto y de la exfuncionaria de Cancillería Susana Ruiz Cerutti. 

Para argumentar el pedido de desafuero y detención de Cristina de Kirchner, el juez consideró que debido a sus contactos “puede entorpecer la causa” y porque tiene otras causas y procesamientos en trámite.

Cristina de Kirchner cuenta en la actualidad con inmunidad parlamentaria tras ser electa como senadora en las pasadas elecciones de octubre. Ahora, el pedido de desafuero, deberá ser analizado por la Cámara alta que deberá ser avalado por dos tercios de los presentes en el recinto.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, el memorando firmado entre la Argentina e Irán fue parte de un plan criminal destinado a dotar de impunidad a los acusados del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas.

Cuatro días antes de aparecer muerto en el departamento que ocupaba en una torre de Puerto Madero, Nisman denunció a Cristina de Kirchner y al resto de los implicados y los acusó de “traición a la patria”. Para el extitular de la UFI AMIA, el memorando fue el medio elegido para concretar el plan de encubrimiento y dejar sin efecto las aletas rojas de Interpol para la captura de los sospechosos de la voladura. Ese documento se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía y luego fue refrendado por el Congreso, aunque nunca entró en vigencia. 

El acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad, el intercambio de información, y abrir la posibilidad de que los acusados por el atentado presten declaración ante el propio Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Tras realizar su denuncia, y horas antes de presentarse ante el Congreso para ampliar su acusación, Nisman pareció muerto dentro del baño del departamento B del piso 13 de la torre Boulevard, en el complejo Le Parc de Puerto Madero, con un disparo en su cabeza. Las circunstancias de su muerte aún no fueron esclarecidas.

En octubre, tras su última declaración en Comodoro Py, apuntó contra el Gobierno y denunció una campaña de persecución política en contra de la oposición. “Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr”, dijo la exmandataria al salir ese día de los tribunales de Comodoro Py.

 

Régimen de fueros

El actual régimen de fueros, sancionado en el 2000 durante el Gobierno de Fernando De la Rua mediante la ley 25.320, define los pasos a seguir en caso de que un juez de curso a un pedido de desafuero contra un funcionario, magistrado o legislador. La normativa obliga al Congreso a implementar ciertos mecanismos para su concreción.

El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero contra el diputado la senadora de Unidad Ciudadana y expresidenta Cristina de Kirchner en el marco de la investigación por el Memorando con Irán. La legisladora, por su condición, se encuentra amparada por los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, por el cual cuenta con libertad e inmunidad de opinión y de arresto. Sin embargo, podría activarse el procedimiento para realizar su desafuero y posteriormente su detención.

La solicitud pasará “de manera inmediata” al Congreso, donde será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara que corresponda. En el caso de la exmandataria, de aprobarse recaería en la Cámara alta.

La comisión, presidida por Marcelo Jorge Fuentes “deberá emitir dictamen” bajo mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de las firmas.

El tiempo máximo establecido para llevar a cabo el dictamen es de 60 días, señala la ley 25.320. Asimismo, reglamenta que “la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión“.

En el recinto, para que el proceso de desafuero sea aprobado serían necesario el voto de dos tercios de los legisladores.

En caso de que sea rechazado el pedido de desafuero, “el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando la causa según su estado“.


 

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