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El retraso de justicia se acentúa en los juicios de lesa humanidad

Luego de 18 meses de interrumpidos debates recién en abril culminará el juicio por la desaparición de docentes y estudiantes de la UNSa y de militantes del norte.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad que se ventilan en Salta van en consonancia con el retardo de justicia con el que fueron concebidos desde el retorno de la democracia en 1983. El noveno proceso por el terrorismo de Estado que imperó en la provincia, a partir de 1976, empezó en octubre de 2015 y culminará recién el próximo mes, luego de 18 meses de interrumpidos debates en la Justicia Federal.

En el banquillo de los acusados están los mismos personajes de siempre: el comisario Joaquín Guil y los coroneles Miguel Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, quienes en esa época manejaban los hilos del aparato represivo de la Policía de la Provincia. Dos dos primeros ya acumulan tres condenas a perpetua, entre ellas por el secuestro y desaparición del exgobernador Miguel Ragone.

Otro de los imputados es el teniente general Héctor Ríos Ereñú, quien fue la máxima autoridad del Ejército durante la gestión del presidente Raúl Alfonsín. El anciano militar de 87 años tiene en su haber una perpetua como resultado del juicio a que fue sometido en 2013 por dos aberrantes casos ocurridos en el norte de la provincia cuando se desempeñó como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28. Por el cargo que ostentaba era el máximo responsable de esa área operativa. Las víctimas fueron el cardiólogo de Tartagal Pedro Urueña y el dirigente de la JP de General Mosconi Jorge René Santillán. Ambos fueron secuestrados de sus respectivos domicilios y los cuerpos aparecieron despedazados por la detonación de explosivos.

Megacausa de la UNSa

Gentil, Mendíaz y Guil están imputados por la desaparición de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Salta.

Miguel Ángel Arrafue secuestrado por un grupo armado de la Policía local y ejecutado en el camino a Castellano.

CarlosHumberto García y Nora Ester Saravia de Garcíafueron secuestrados desde el domicilio donde vivían y nunca más se supo de ellos. La hija de ambos, de un año y medio, fue dejada por los captores en la casa de sus abuelos maternos.

Raúl Humberto Machacafue secuestrado a la salida de la escuela técnica donde era profesor. Está desaparecido.

Carlos Alberto Riverofue secuestrado desde el domicilio de su madre. Desaparecido.

Pedro José Tufiñofue secuestrado cuando salía de su domicilio. Desaparecido.

Daniel Loto Zuritafue secuestrado desde su domicilio y también está desaparecido.

Tania Kiriaco, querellante de la UNSa, pidió que los tres acusados sean condenados a perpetua como autores mediatos de homicidio agravado por alevosía y haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas. “Desde su creación, la UNSa atravesó múltiples etapas como una universidad nueva, justa, vanguardista”, expresó Kiriaco en su alegato. Dijo que en el juicio de marras “se ha probado que, en el marco de un plan sistemático y genocida de terrorismo de Estado, las represalias de las que fueron víctimas los docentes y estudiantes tuvieron una indudable connotación de persecución política”.

Por las causas del norte están imputados, además de Ríos Ereñú, el comisario Arturo Madrigal y el comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas. La querellante Susana Aramayo pidió perpetua para Ereñú y Madrigal por las desapariciones de Sylvia Sáez de Vuistaz, Santos A. Garnica, Mario B. Luna, David Reina León y Sergio Wenceslao Copa. Se trataba de dirigentes juveniles con domicilios en los departamentos San Martín y Orán.

Fuente: El Tribuno Salta (Por Rubén Arenas)