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Empuja el Gobierno un nuevo proyecto sobre los fondos de campaña

El Ministerio del Interior terminó de redactar el borrador de la iniciativa, que prevé aportes empresariales.

Habilitar los aportes de empresas, bancarizar el dinero de la campaña y auditar en “tiempo real” los fondos destinados a la actividad proselitista. Esas son algunas de las consignas que redactó el Gobierno en el primer borrador de su proyecto de ley para reformar y “blanquear” el financiamiento de la política, un terreno históricamente opaco.

El texto fue un trabajo conjunto del ministro del Interior, Rogelio Frigerio , y del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez , tras una ronda de consultas abiertas con expertos. El borrador está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, que hará los retoques finales. Según pudo conocer LA NACION, se espera que la Casa Rosada envíe el proyecto al Congreso antes de las elecciones legislativas de este año, con el objetivo de aplicarlo en los comicios presidenciales de 2019.

La mayor novedad de la iniciativa oficial es que habilita a las empresas a realizar donaciones a las campañas de los candidatos. A pesar de que los aportes de personas jurídicas quedaron prohibidos en 2009, en la práctica, las agrupaciones lo hicieron en negro o de manera “disfrazada” en los balances partidarios. Por ejemplo, anotando donaciones de los gerentes de las compañías.

El borrador del proyecto al que accedió LA NACION plantea algunas limitaciones, como la prohibición de aportes de proveedores del Estado. La otra restricción alude a la cifra, al señalar que “las agrupaciones políticas no podrán recibir aportes de una misma persona humana o jurídica por montos superiores al 2% de los gastos permitidos para la campaña”.

Para los partidos que no cumplan esos términos se prevén multas que pueden alcanzar hasta diez veces el monto donado.

En las mesas de diálogo con los representantes de distintos partidos políticos, Cambiemos ya escuchó algunas voces en contra. Horacio Alcuaz, apoderado de GEN, manifestó semanas atrás: “¿Cómo garantizamos que no habrá aportes en negro más allá del 2%? Estamos en la misma disyuntiva que ahora”. Su par del PJ, Jorge Landau, cuestionó los tiempos. “Veo inconveniente avanzar con este tema faltando tan pocos días para constituir los frentes electorales de este año”, dijo en una de las recientes reuniones.

El anteproyecto señala: “Todos los fondos de origen público y privado destinados a financiar la campaña electoral deben depositarse en la cuenta única del partido o de la alianza”. Además prevé que existan “subcuentas” por cada una de las listas de candidatos y que los movimientos bancarios se interrumpan un mes antes de los comicios.

“Las contribuciones en dinero deben ser efectuadas únicamente mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”, agrega el texto. También prevé el rechazo o “reversibilidad” de los aportes, si se determina que una donación fue prohibida o espuria.

Otro de los ítems que regula la ley son los gastos de campaña, entre los que se enumeran encuestas, publicidad, alquileres de inmuebles y erogaciones para el traslado de los candidatos. Respecto de los límites, son similares a los vigentes actualmente: el monto máximo surge de multiplicar el número de electores habilitados por un módulo electoral estipulado en la ley de presupuesto de cada año. El proyecto indica que las instancias de las PASO y de la segunda vuelta no podrán superar el 50% de ese valor.

Registros

La otra novedad que quiere imponer la Casa Rosada consiste en la creación de un “registro de proveedores de campaña” que será regulado por la Cámara Nacional Electoral. Así, los candidatos sólo podrán contratar las empresas que estén inscriptas, por ejemplo, como prestadoras de cartelería en la vía pública. El proyecto del Ministerio del Interior mantiene la distribución de los espacios gratuitos de publicidad en medios audiovisuales.

El Poder Ejecutivo reclama instalar también un “sistema de información de financiamiento”. “Las agrupaciones políticas registrarán sus ingresos y erogaciones de campaña en una plataforma electrónica en tiempo real”, dice el texto.

No será fácil garantizar la transparencia de los números: según la justicia electoral, las campañas políticas vienen sembrando un mar de dudas sobre el origen de algunas donaciones y sobre posibles “dibujos” en los balances partidarios.

Tras la polémica por la confusión entre la gestión de algunos funcionarios y el proselitismo, el proyecto de la ley explicita que “la publicidad oficial no podrá exhibir nombres, imágenes o voces de candidatos”. Eso sí: la iniciativa prevé la ampliación del período oficial de campaña de 30 a 50 días antes de las PASO.