Exigen explicaciones sobre el uso comercial de los helicópteros provinciales accidentados

Pertenecían a las provincias de La Rioja y Santiago del Estero. Aunque oficialmente estaban destinados a fines sanitarios y de seguridad, los estaba utilizando una productora privada.

El accidente aéreo en La Rioja abrió un debate sobre la utilización de los helicópteros de los Estados provinciales para actividades privadas con fines comerciales. El choque fue protagonizado por los aviones de La Rioja y Santiago del Estero a unos 100 metros de altura en la localidad de Villa Castelli. Acababan de despegar rumbo a la Quebrada del Yeso, donde se iba a filmar un reality show noruego producido por Discovery Channel. Los bienes eran públicos, pero los fines, privados.

Una fuente aseguró que sólo las flotas de Salta, Neuquén y Santa Cruz están habilitadas para uso comercial. El resto, para transporte público o sanitario.

Sin embargo, la posición oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil es que “el traslado de terceros puede interpretarse como de mera cortesía y sujeto a las reglas de aviación general”. O sea, sin fines comerciales.

Oficialmente, según consta en la Resolución 474 de la Secretaría General y Legal del gobierno de La Rioja, firmada el noviembre de 2010 para formalizar la contratación de un seguro para el helicóptero provincial, la nave sólo puede usarse para “servicio aéreo no regular de pasajeros a título no oneroso”, “instrucción, entrenamiento y adaptación de pilotos propios”, “ambulancia/sanitario”, “fotografía/prospección” y “transporte de carga/correo”.

El gobernador Luis Beder Herrera intentó quitar la discusión del ámbito comercial y admitió que el helicóptero fue “prestado” a la empresa de turismo local Praia Rosa, que tiene su local en el centro de la capital provincial. ¿El objetivo? Promover el turismo.

“Si es así, se debe informar si hubo un contrato, y si lo hubo, a quién se pagó el dinero, quién lo autorizó”, exigió el diputado Julio Martínez. “Por ley, esa aeronave solo está autorizada para servicios sanitarios”, agregó.

El intendente de General Lamadrid –donde queda Villa Castelli–, Andrés Navarrete, reconoció esta mañana que firmó un acuerdo con el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, y el diputado Luis Orquera para alquilar el helicóptero. “Tiene que ver con promoción turística. El gobierno aporta todo lo que pueda servir para dar a conocer nuestros lugares turísticos a nivel mundial. No se trata de un convenio, sino de un pedido que se le puede hacer habitualmente al gobernador”, minimizó.

El conflicto legal es que hay una productora que explotó comercialmente el helicóptero y una empresa de turismo que intermedió entre el gobierno y la firma extranjera.

Un especialista advirtió que “los bienes públicos no pueden ser prestados”. Aunque no se mostró convencido de la posibilidad de que detrás del acuerdo haya un delito, opinó que “al menos habría negligencia”. Pero aclaró que “si se prueba que hubo un fin comercial, podría haber algún tipo de responsabilidad penal”.

El Poder Legislativo provincial autorizó la compra de la aeronave en cuestión en diciembre de 2009, a través de la Ley 8.860, que preveía el pago de hasta 3.200.000 dólares. La oposición denunció en su momento que el valor de mercado rondaba los 2 millones de la moneda estadounidense.

La legisladora riojana Lucía Ávila –enfrentada con el gobierno a partir del conflicto minero en el cerro Famatina– apuntó contra el secretario de Turismo, Álvaro del Pino, a quien le exigió que explique “quiénes son los propietarios de la empresa que acordó trabajar con la producción del reality”.

Ávila también se refirió a la cuestión del seguro. “¿El Estado provincial saldrá a responder con el dinero de todos los riojanos por esto que claramente se estaba haciendo a espaldas del pueblo?”, se preguntó.

Al respecto, se pudo saber que en un decreto del 4 de noviembre de 2010, Beder Herrera autorizó la adquisición de un seguro “cuya póliza deberá prever la cobertura por daños a la aeronave contra todo riesgo en aire y tierra, responsabilidad civil contra terceros en la superficie y accidentes personales de tripulantes y/o personas transportadas”. Un día después, la Secretaría General y Legal de la Gobernación informó que la ganadora de la compulsa de oferentes fue “Provincia Seguros S.A.”, que cotizó la prima en 82.934 dólares al año.

Sin embargo, si se prueba que había un fin comercial en el uso de la nave, no se podrá hacer valer ese seguro y la responsabilidad civil será del Estado provincial.

Por su parte, el helicóptero AS350 B3 de Santiago del Estero que participó del accidente, según Beder Herrera, había sido prestado a pedido del Ejecutivo riojano en el marco de un “convenio de colaboración permanente” que existe entre las provincias para promocionar la actividad turística.

Del tema prácticamente no se ocupó ningún medio en la provincia norteña. Según una fuente consultada por este medio, hubo una orden desde la gobernación de invisibilizarlo.

No obstante, la Agencia de Medios Independientes informó que la nave “había sido adquirida en 2012 mediante decreto firmado por el entonces gobernador Gerardo Zamora, con el expreso fin de realizar operaciones requeridas por el área de seguridad, y sirviendo como medio de comunicación en caso de catástrofes, emergencias y salvatajes”.

Lo curioso es que Santiago del Estero ha sido una de las provincias más afectadas por las lluvias e inundaciones de las últimas semanas, llegó a tener 3.500 evacuados y todavía hay sectores virtualmente aislados, a los que no se puede acceder por tierra. La gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora recorrió hoy las zonas afectadas. Llegó en helicóptero.

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