Habrá menos recursos para cuidar los bosques en 2018

El proyecto de presupuesto nacional prevé $10 por hectárea para la conservación ambiental.La Provincia corre contra el tiempo para cumplir con una resolución que podría frenar los fondos.

En 2018 seguirá el ahogo financiero de la Nación hacia la ley de bosques, para la que solo se prevé un 5,5% de los fondos que corresponderían legalmente para el año próximo. Entre las 16 provincias que deben cumplir con la normativa ambiental, Salta volverá a ser la más perjudicada por contar con la mayor superficie de bosques nativos a proteger, con unos 8 millones de hectáreas.

De acuerdo al proyecto de presupuesto nacional para el siguiente período, la Provincia recibiría apenas unos 10 pesos anuales por cada hectárea que debe cuidar, casi la misma cantidad de lo previsto para 2017.

Aún así, existe el riesgo de que no se giren fondos a causa de una reciente resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que ata el envío de los recursos a las rendiciones que deben hacer los distritos hasta antes de fin de año por los proyectos que se desarrollan en las tierras protegidas.

El nuevo requisito deja en jaque al Gobierno local, que tiene un ovillo de expedientes sin presentar desde 2010, aunque la mayoría data de 2013 y 2014.

Las demoras en las rendiciones, según confiaron a El Tribuno fuentes oficiales, se deben fundamentalmente a los engorrosos trámites que imponen desde Nación. Las otras provincias, por cierto, también atraviesan la misma situación y algunas (Neuquén y Chubut) ya acordaron prórrogas a las presentaciones, camino que también será recorrido por la administración local en las próximas semanas.

Costumbre argentina

La violación a la ley de bosques no es una novedad. Desde que la legislación empezó a aplicarse de manera efectiva, hace 8 años, nunca se cumplió con el financiamiento a las provincias.

Con la creación de la norma se dispuso la conformación de un fondo para compensar a las provincias, por los servicios ambientales de sus bosques nativos, y a los propietarios de las tierras protegidas, quienes tienen restricciones para poner en producción su campos.

Según lo estipulado, el 30% de los recursos se destina a los gobiernos y el 70% restante a los dueños de los predios.

La composición del fondo para la conservación de los bosques debe estar integrada por al menos el 0,3% del presupuesto nacional y por el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos agrarios del ejercicio anterior.

La fundación Vida Silvestre Argentina calculó ese monto para 2018 en $10.200 millones, pero en las previsiones económicas del Gobierno nacional se asigna una partida de apenas $556 millones.

Entre 2010 y 2016 el Estado nacional transfirió a las provincias $1.485 millones en concepto de compensaciones ambientales cuando, según lo determinado por la Ley 26.331 (ley de bosques), debería haber remitido al menos $20.350 millones en ese período.

“Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la ley de bosques las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia.

Por otro lado, los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable”, sostuvo Manuel Jaramillo, director de Vida Silvestre.

Desmontes

Desde que se puso en vigencia en Salta la ley bosques, en 2008, hasta el año pasado se desmontaron 567.805 hectáreas en la provincia, de acuerdo el último informe realizado por el Ministerio de Ambiente de la Nación.

El relevamiento se realiza periódicamente con la comparación de imágenes satelitales, que muestran las áreas que se transforman con el paso del tiempo.

El estudio muestra que desde 2014, cuando con un decreto provincial se pone a fin a las polémicas recategorizaciones de tierras para uso agrícola, las deforestaciones mermaron drásticamente.

Ni los bosques ni la producción 

El desarrollo agrario de la provincia quedó paralizado por normas que no se aplican.

Unos pocos días después de que se ponga en vigencia una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que puede frenar el envío de fondos para cumplir con la ley de bosques, el titular de esa cartera, Sergio Bergman, compartió una foto en las redes sociales en la que aparece disfrazado de árbol. “Soy un hombre planta que trabaja por una Argentina verde”, escribió el funcionario el 23 de agosto en su cuenta de Twitter.

La disposición ministerial (Resolución 391-E/2017) consigna que hasta el 31 de diciembre las provincias tienen tiempo de presentar las rendiciones de los proyectos productivos que realizan privados en las tierras protegidas. Esa es la condición para que la Nación gire los fondos, escasos pero igual útiles, previstos para 2018 bajo la ley ambiental, que sirven justamente para la protección de los bosques nativos.

Lo cierto es que esa norma es prácticamente imposible de cumplir para la mayoría de las provincias, por los engorrosos trámites burocráticos que se deben cumplir.
Neuquén y Chubut ya negociaron un prórroga hasta marzo próximo para presentar sus papeles y desde el Gobierno local van por el mismo camino, pero pedirán que el plazo se extienda hasta pasada la mitad del año siguiente.
Mientras tanto, prácticamente nada se avanzó en el aprovechamiento productivo de los 5 millones de hectáreas que la provincia tiene categorizadas como de medio impacto ambiental (color amarillo), donde el único camino, por decisión oficial, es manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI)

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