Un intendente de Rivadavia fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción

Con la función pública, Leopoldo Cuenca saltó de pobre carnicero a rico terrateniente.Ante la vista gorda de la Justicia de Orán, su opaco patrimonio crece con tierras y bienes.

“La corrupción e impunidad en el norte se llama Leopoldo Cuenca”. Con ese rótulo, Marcelo Pocovi, el titular de Tierra Vasca, la empresa propietaria de la finca Las Colmenas, denunció al intendente de Rivadavia Banda Sur ante la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La presentación tiene ribetes inusuales, ya que expone ante un organismo ajeno a los poderes de la Provincia los antecedentes de un quebrado carnicero de La Unión al que la función pública convirtió en un acaudalado terrateniente y señor del municipio más pobre de Salta.

No es menos sorprendente que Juan Carlos Blumberg, referente de multitudinarias manifestaciones contra la inseguridad, decidiera acompañar la presentación contra Cuenca. “La corrupción y la impunidad arrebatan derechos humanos fundamentales”, remarcó Blumberg, quien adelantó El Tribuno su intención de viajar a Rivadavia para recoger testimonios de los atropellos que sufren familias campesinas y comunidades originarias.

Por la impunidad que reina en el Chaco salteño, empresas como Tierra Vasca también defienden sus fincas de avances apropiatorios.

Las maniobras de Cuenca no son nuevas, como tampoco las denuncias por exacciones ilegales, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito a las que fiscales y jueces de Orán -el distrito judicial con competencia en Rivadavia Banda Sur- hacen dormir.

La nueva avanzada

En 2009 Cuenca se quedó con parte de los derechos hereditarios de Las Botijas, una finca situada sobre la ruta provincial 13, en el límite de los departamentos Orán y Rivadavia. Un puestero de la zona de Las Barrancas, Raúl Sabán, le cedió esos derechos a título gratuito. Al menos así figura en la cédula parcelaria.

Sabán es nieto de Fidela Guerra de Romero, una mujer que había obtenido esa fracción rural de una legua cuadrada (1.874 hectáreas) por adjudicación treintañal en 1950. Muchos lugareños, que defienden sus puestos a dientes apretados ante los intentos apropiatorios de las “aves de rapiña”, como definió el diputado Jesús Ramón Villa a Cuenca y sus laderos, aún se preguntan qué pudo llevar a Sabán a cederle sus derechos posesorios gratuitamente al jefe comunal.

Herederos de Ramón Romero, que también discuten derechos de la sucesión de Las Botijas, denunciaron que Cuenca “se adueñó ilegalmente” de esa finca, registrada en Inmuebles con la matrícula 1155 del departamento Orán.

Las Botijas colinda con otra extensa finca, Las Colmenas, que la empresa Tierra Vasca compró a su antiguo propietario, Jorge Rolando Sergi, en 2005. Esta fracción, identificada con la matrícula 2107 del departamento Orán, tiene 3.852 hectáreas. Entre uno de los lotes de Las Colmenas y la colindante finca Las Botijas existe una superposición de límites que Tierras Vascas pidió a la Justicia Civil y Comercial de Orán dirimir en 2007. El litigio sigue si resolverse.

El abogado de Cuenca pidió a préstamo el expediente el pasado 17 de marzo y recién lo devolvió el pasado viernes, tras insistentes reclamos e intimaciones.

En este contexto, la tarde del pasado 11 de julio Cuenca pidió al comisario de Rivadavia, Juan Magriña, que mande policías a “su finca” a verificar una alambrada que había sido rota por “extraños”.

El informe de los agentes enviados al lugar, en el móvil 1481 del Destacamento de La Unión, aclara que el comisario ordenó esa intervención por un “llamado del Polo Cuenca”. La familiaridad que resalta en el uso del apodo del intendente no es un detalle menor. Tampoco lo es el hecho de que Cuenca confundiera la verdadera jurisdicción de las fincas Las Botijas y Las Colmenas (pertenecientes ambas a la jurisdicción de Pichanal) para que esa inspección fuera realizada por policías de Rivadavia, que responden claramente a sus influencias, y no de Orán.

Además, las descripciones de distancias expuestas en el informe de la inspección, no dejan dudas de que la cerca siniestrada estaba en Las Colmenas y no en Las Botijas.

En la denuncia que le tomó la Policía, el intendente manifestó que la rotura del alambrado le generó problemas con su hacienda. Aludió, concretamente, a 100 vacunos de su propiedad y a otros 150 bovinos de su suegro y un allegado, Nieves González. En la denuncia quedó un espacio en blanco, dónde debían identificarse las marcas legales de esa hacienda. Ante la Fiscalía de Pichanal, después Cuenca afirmó que registró dichas marcas en el municipio que gobierna, cuando sabido es que el registro legal debe ser realizado ante el Senasa. En el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renpsa), que depende del citado organismo nacional, no existe registro alguno de animales a nombre de Cuenca ni de su suegro.

Esto fue remarcado por el titular de Tierra Vasca, Marcelo Pocovi, en la sede judicial de Orán, donde no encontró seguridad de que sus acreditados derechos de propiedad quedarán resguardados de lo que, entiende, es “un claro intento del intendente de apropiarse ilegalmente de una parte o la totalidad de las 3.852 hectáreas del catastro 2107 de Las Colmenas”. Por eso, Tierra Vasca decidió exponer los antecedentes de Cuenca ante la Oficina Anticorrupción.

Cuenca engañó a puesteros para quedarse con 30.000 hectáreas

En Esquina Grande, el intendente hizo firmar a criollos una escandalosa cesión a su favor.

La finca Esquina Grande tiene 35.409 hectáreas y su historia registral se remonta a dos escrituras casi centenarias.

Por la primera, el 26 de octubre de 1919, Juan Gottling vendió la mitad norte de la finca a Pedro Tricherri y Juan Vicari.

Gottling había adquirido esas tierras en un remate público de los sucesores del general Guillermo Miller, a quien se las había entregado Juan Antonio Alvarez de Arenales, gobernador y capitán general de la Provincia.

El 14 de marzo de 1921, Tricherri y Vicari declararon por escritura pública que la propiedad les pertenecía en condominio con Federico y David Campodónico y Esteban Calcagnino.

La segunda escritura data del 15 de octubre de 1920, cuando los cinco propietarios compraron tres lotes colindantes a Manuel Alvarado. Así, los cinco pasaron a ser los legítimos titulares de los 15 lotes que totalizan las 35.409 ha de Esquina Grande.

Con el correr de los años, los propietarios realizaron una administración conjunta a través de contratos de arrendamiento y pastaje con familias criollas que tenían puestos en el norte de la finca registrada en Inmuebles con la matrícula 506 de Rivadavia.

En tiempos recientes, herederos de los propietarios iniciales, en su mayoría reconocidos ya como nuevos titulares, decidieron cederles en donación y titularizarles a los pastajeros las parcelas donde tienen sus puestos. Ese acuerdo, que se enmarcaría en la ley de regularización dominial y asistencia para pequeños productores y familias rurales sancionada en 2010, chocó con un impensado escollo.

Desde pocos antes de la aprobación de la ley impulsada por el diputado Villa, el intendente había comenzado a acercarse a los puesteros de Esquina Grande con intenciones que quedaron desnudadas el 16 de agosto de 2011.

Ese día, tras un engañoso trabajo de ablande, el intendente Cuenca hizo que 15 puesteros firmaran con él un extorsivo acuerdo, asumiendo el compromiso de cederle derechos y acciones posesorias sobre la parte de la finca que va desde las márgenes del río Teuco hasta el límite sur.

En la cláusula tercera del convenio que certificó la escribana María Alejandra Naser se estableció que esa fracción de tierra representa aproximadamente un 70% de la finca. Serían, según la cláusula, 30.000 hectáreas con las que se quedaría el intendente, luego de iniciar y costear los gastos de un juicio de prescripción adquisitiva (usucapión) contra los titulares registrales de Esquina Grande.

Según el acuerdo, cuya copia dio a conocer El Tribuno el 4 de agosto de 2014, Cuenca repartiría, en caso de éxito, el 30% restante de la finca entre los puesteros.

Desde la margen del Teuco hasta el límite sur, Esquina Grande tiene algo más de 30.000 hectáreas. “Es el 85% de la finca”, precisó Miguel Carreras, nieto de condóminos, desde la provincia de Santa Fe.

La firma de ese acuerdo fue, a todas luces, lesiva para los pastajeros, quienes fueron engañados por quién debería ser el primero en velar por sus intereses.

En la quinta cláusula del convenio, el Intendente puso que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por los poseedores le daría derecho a ejercer las acciones legales contra ellos.

Las leoninas cláusulas que les hizo firmar Cuenca, abusando de su función y poder, prueban que su maniobra nunca estuvo dirigida a proteger a los puesteros, como él argumentó, sino a arrebatarles sus derechos posesorios.

Por las acciones judiciales que desató el conflicto de tierras de en Esquina Grande, la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta tiene pendiente de resolución un recurso de casación penal.

Uno de los señores del departamento más pobre

Leopoldo Cuenca comparte bendiciones políticas con Atta Gerala y Moisés Balderrama.

Antes de asumir el primero de los cuatro mandatos que lleva como intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca era un carnicero de La Unión, que también probó suerte con un colectivo y fracasó con un cyber. La política puso fin a todos sus males, bajo el ala del vicepresidente del Senado provincial, Mashur Lapad. Sus pares Atta Gerala, de Rivadavia Banda Norte, y Moisés Balderrama, de Santa Victoria Este, comparten la misma bendición en la región con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (81,3%). El departamento Rivadavia es el segundo más pobre del país, después de Ramón Lista (Formosa). El 88% de su población es rural y habita en ranchos sin acceso a agua segura.

En La Unión, Cuenca edificó en el terreno donde tenía su quebrada carnicería una suntuosa propiedad. Su casa tiene palaciegos baños con finos revestimientos y hasta jacuzzi, mientras la desnutrición y la mortalidad infantil y la falta de agua y cloacas hacen estragos entre las familias campesinas y las comunidades originarias del municipio que gobierna sin papeles.

El estado del parque vehicular de Rivadavia Banda Sur, al igual que el manejo de sus cuentas públicas, resultó indescifrable para los profesionales que envió la Auditoría General de la Provincia en 2009 y después en 2011. Otra auditoría más reciente volvió a exponer los desmanejos que confunden lo público con lo privado.

Las irregularidades advertidas en los registros contables, el manejo de los fondos, cuentas corrientes, órdenes de pago y ejecuciones presupuestarias movieron denuncias ante las que la Justicia de Orán se mostró inconmovible.

En 2010, el exconcejal Jorge Cruz denunció a Cuenca por incumplimiento de deberes y malversación de caudales públicos. La causa duerme.

El mismo tratamiento recibió otra denuncia, por exacciones ilegales, que presentó en 2012 el diputado Jesús Ramón Villa.

Cuenca avanzó en la última década con amañados acuerdos, cesiones de derechos a su favor para adueñarse de tierras en las inmediaciones de El Ocultar, La Unión, Santa Rosa y los bordes de Rivadavia con Salta Forestal (Anta).

En su momento, los ediles Serafín Puertas y Armando Cuenca denunciaron, ante la Auditoría General de la Provincia, los avances del jefe comunal de Rivadavia Banda Sur sobre los lotes fiscales 26 y 29.

Un finquero de la zona afirmó que el lote fiscal 22 también estaba entre sus planes de conquista.

La tierras de Pelícano Quemado

Cuenca también avanzó sobre esa finca de 7.500 hectáreas.

En Pelícano Quemado, otra extensa finca de Rivadavia Banda Sur, el intendente Leopoldo Cuenca también se aprovechó de puesteros criollos para adueñarse de esas 7.505 hectáreas.

El caso fue denunciado en 2014 por el titular registral de la citada finca, Arnoldo González.

En los registros de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia no figura catastro alguno a nombre del jefe comunal, a quien le resultaría imposible justificar su salto patrimonial, de quebrado carnicero a terrateniente, con sus ingresos como intendente.

En la denuncia que presentó el pasado 11 de julio, como supuesto propietario de Las Botijas, Cuenca manifestó haber comprado esa finca al puestero Raúl Sabán, uno de los herederos de Fidela Guerra de Romero. En la cédula parcelaria del inmueble, sin embargo, figura que adquirió los derechos y acciones hereditarios de Sabán a título gratuito.

El Tribuno Salta


 

Deja un comentario