La crisis policial en Brasil dejó ya más de 100 muertos y amenaza con propagarse a Río de Janeiro

El conflicto se inició hace una semana en el estado de Espíritu Santo. La protesta llegó a Río, donde varios cuarteles fueron cercados por familiares que reclaman el pago de los sueldos.

Familiares de policías bloqueaban el viernes comisarías en Río de Janeiro en reclamo de mejoras laborales para los uniformados, desatando temores a que se genere una ola de violencia similar a la que dejó más de 100 muertos en un estado vecino la última semana.

La mayoría de los policías se desplegaron normalmente por Rio, donde los delitos violentos están en aumento. Pero en un puñado de estaciones, incluyendo la del Batallón de Choque, esposas de los agentes obstaculizaban la entrada principal desde temprano.

“Vinimos a las 4:00 de la mañana y desde entonces no ha salido de aquí un solo auto”, afirmó la esposa de uno de los agentes, líder de un grupo de unas seis mujeres afuera del cuartel. Al igual que otras manifestantes, no quiso identificarse.

Los portones del batallón estaban cerradas y las mujeres solo dejaban salir a personas que no llevaban uniforme.

De acuerdo con la Policía Militar (PM), hay protestas en 27 unidades, pero en apenas cuatro estaciones los manifestantes bloquean la entrada y salida de vehículos.

“Incluso en esas unidades, hay patrullaje de rutina en sus áreas de actuación”, informó la institución en un comunicado.

La protesta replica la iniciada hace una semana en Espírito Santo (sudeste), donde una huelga policial mantiene las calles sin patrullaje desde el sábado. En la capital, Vitória, y en varias otras ciudades, familiares de agentes bloquean la salida de los cuarteles ya que, constitucionalmente, los policías no tienen derecho a hacer huelga.

Las autoridades afirman que los policías permanecen dentro de las comisarías por iniciativa propia, desobedeciendo las órdenes de sus superiores y fue abierta una investigación contra más de 700 agentes por el delito de “revuelta”, (cuando están acuartelados, desobedeciendo órdenes de sus superiores y armados).

De acuerdo con el comandante de la Policía Militar de Espírito Santo, Nylton Rodrigues, el código penal militar prevé una pena de entre 8 y 20 años para ese delito.

Desde el lunes, el Gobierno Federal envió al estado unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Nacional (integrada por policías y bomberos de élite de todo el país) para garantizar la seguridad en las calles, donde se registró una escalada de agresiones, asaltos y asesinatos.

La noche del jueves, el gobierno y representantes de las familias de los policías se reunieron para negociar una salida al conflicto, pero no llegaron a un acuerdo.

El gobierno de Espírito Santo alega que no es posible otorgar un aumento salarial debido a la situación financiera del Estado.


 

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