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La Justicia falló a favor de cuatro acusados en la toma de la UTA

La empresa para la que trabajan presentó una demanda para que los despojaran de la tutela sindical.

Por decisión de la Justicia, cuatro de los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), involucrados con la toma de la sede gremial en septiembre del año pasado, volverán hoy a retomar su actividad laboral en la empresa Eduardo Ale. Se trata de Omar Daniel Pereyra, Sixto Domingo Tactagi, Walter Ignacio Pérez y Daniel Hipólito González, quienes al momento de los hechos formaban parte de la comisión directiva del gremio de los choferes.

Luego de que los nombrados recuperaron la libertad en diciembre de 2016, Ale presentó una demanda ante la Justicia Laboral para que los despojaran de la tutela sindical y, de esa manera, allanar el camino para producir sus despidos con justa causa. “La Justicia se pronunció a nuestro favor en las dos instancias y de esa manera a la empresa no le quedó otra alternativa que enviarnos el telegrama para que nos presentemos a trabajar mañana (por hoy)”, expresó Pereyra a El Tribuno. El dirigente sostuvo: “Ale se quiso aprovechar de la situación por la que pasamos para dejarnos sin trabajo, pero por suerte se hizo justicia y esperamos que lo propio ocurra con otros dos compañeros que fueron despedidos sin que los indemnizaran”. Dijo que los afectados por esta situación son Ezequiel Maximiliano Malenque y Cristian Figueroa.

Pereyra explicó que luego de que la UTA decidiera quitarles la licencia gremial, a partir de ese momento dejaron percibir sus haberes. “Esperamos que la empresa nos pague los salarios de todos estos meses porque de lo contrario vamos a tener que recurrir a la Justicia”, señaló.

En relación con el juicio penal que deben afrontar por los incidentes en la sede gremial, el dirigente afirmó: “Vamos a demostrar que no hubo ninguna toma y que no secuestramos a nadie”. Señaló: “Ese día fuimos a pedir que se haga una asamblea con la presencia de dirigentes nacionales para que se tomen medidas respecto a las graves irregularidades que se estaban cometiendo en el gremio”. Y agregó: “Fuimos a exigir lo que muchos compañeros estaban reclamando, porque el secretario general se negaba a aclarar las cosas a través de una asamblea”.

El juicio

Los abogados de los 11 dirigentes y choferes involucrados en ese hecho presentaron las pruebas y el ofrecimiento de testigos requeridos por el tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral y público a los imputados, cuya fecha de inicio aún no fue determinada. El proceso estará a cargo de Sala I del Tribunal de Juicio que preside el camarista Martín Pérez.

“Vamos a probar que los delitos que les imputan a mis clientes no son tales”, expresó el abogado Santiago Pedroza, quien patrocina a Pereyra, sindicado como el cabecilla de los sucesos ocurridos el 11 de septiembre del año pasado.

Ese día un grupo de 32 personas irrumpieron en la sede gremial, ubicada en la calle San Luís al 555, y mantuvieron cautivo al secretario general Jorge Flores y a otros miembros de la comisión. Del hecho participaron varios integrantes de la conducción sindical, entre ellos Pereyra, quien se desempeñaba como secretario gremial. En la causa también quedó imputado el secretario general adjunto, Sixto domingo Tagtagi, a quien Flores acusó de haber actuado en connivencia con los participantes de la revuelta.

De la investigación realizada por el fiscal Horacio Córdoba Mazuranic se estableció que el objetivo del grupo era producir un “golpe de estado” a Flores para obligarlo a renunciar. Además de Pereyra y Tagtagi, en la causa quedaron imputados Jorge Manuel Banda, Ezequiel Maximiliano Malenque, Cristian Alberto Figueroa, Carlos Martín Barrios, Agustín Darío Cayo y Oscar Orlando Camacho. A todos ellos el juez de Garantías N§ 2, Ignacio Colombo, los procesó por los delito de “secuestro coactivo, robo en poblado y en banda y daños en concurso real”, y permanecieron privados de su libertad por el término de 98 días.

A partir de la investigación fiscal, el magistrado señaló en su dictamen que al momento de los hechos “aproximadamente 20 personas habrían entrado por la fuerza al gremio, haciendo destrozos, sustrayendo con violencia dinero que habría en las oficinas y privando ilegítimamente de la libertad Mario Alberto López, Jorge Néstor Flores y Miguel Ángel Rasgido”. Se expresó que el objetivo de la irrupción del grupo era conseguir que Flores renuncie a su cargo y que en su lugar asuma el secretario adjunto, Sixto Tactagi.

Luego de una batalla judicial en la que tuvieron activa participación las esposas de los imputados, estos fueron liberados el 20 de diciembre del año pasado y en esas condición aguardarán el juicio.