macri - congreso 01-03-17

Macri inicia el año parlamentario en el Congreso

En su discurso el Presidente hablará sobre transparencia y gestión. Macri quiere penalizar a las empresas por corrupción e impulsaría un DNU por los conflictos de interés.

En su primera aparición institucional tras su viaje a España, el presidente Mauricio Macri iniciará hoy el año parlamentario con un fuerte reclamo al Congreso para que sancione la ley de responsabilidad penal que castigaría a las empresas que incurran en delitos de corrupción.

Mencionará además su inminente firma de dos decretos para prevenir nuevos conflictos de intereses.

El jefe del Estado tiene previsto comenzar a las 11.30 su discurso ante la Asamblea Legislativa, que dejará inaugurado el 135° período de sesiones ordinarias del Congreso. Entre los senadores y diputados de todos los bloques que ocuparán el recinto, los kirchneristas podrían darle muestras de hostilidad.

Es por ello que, con una agenda de  transparencia, Macri buscará retomar la iniciativa política y enviar un mensaje de autolimitación republicana. Hace dos semanas, recibió duros ataques de la oposición y de sectores de Cambiemos por el acuerdo entre el Estado nacional y el Correo Argentino, propiedad del grupo Macri, al que luego se sumaron críticas por el fallido recálculo de los aumentos jubilatorios.

En un mensaje de poco más de 30 minutos, en el que no se descartan posibles sorpresas, el jefe del Estado también hará un balance de su gestión, con datos y números, y defenderá sus políticas. En los borradores de Macri y del jefe del Gabinete, Marcos Peña, se consignaba el anuncio del cumplimiento de las metas fiscales de 2016 y de 2017 y se incluían menciones a la salida del cepo; el acuerdo con los holdouts; la inserción en el mundo; el blanqueo de capitales; la reparación histórica a los jubilados, y el avance en el plan de obras públicas, viviendas y autopistas, entre otros logros.

Un capítulo aparte sería la concreción del plan de energías renovables -eólica, solar y biomasa-, que recibió una inversión de 4000 millones de pesos y prevé lograr 20.000 empleos directos.

También pondrá el foco en futuras medidas económicas para mejorar la competitividad y el empleo. Entre esos, mencionará el comienzo del debate este año de una reforma tributaria para la Nación y para las provincias y una nueva ley de coparticipación federal, proyectos que irían al Congreso sólo en 2018.

Por otra parte, reclamará al Congreso, probablemente, la rápida sanción de una ley de responsabilidad fiscal que fijaría pautas para limitar el gasto en las provincias.

Según informa diario La Nación, Macri se centrará más en el futuro que en la herencia recibida. Y mencionaría muchos proyectos y políticas, a modo de “títulos”, aunque no entrará en detalles.

Así ocurrirá con el anuncio del envío al Congreso de un nuevo régimen de responsabilidad penal para menores, en el que no se referirá a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Sin
embargo, esa rebaja estará contenida en el proyecto del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley de responsabilidad penal para personas jurídicas (empresas, asociaciones civiles, fundaciones y mutuales) fue enviado al Congreso en octubre último y Macri pedirá que se acelere su sanción. Será una advertencia a las empresas “de que la lucha contra la corrupción también requiere un compromiso del sector privado”.

El proyecto, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, prevé sanciones a las sociedades (y no sólo a las personas) que incurran en delitos contra la administración pública y en cohecho transnacional. Irían desde multas hasta penas patrimoniales o la suspensión de la personería jurídica.

También fija acuerdos de clemencia o de colaboración con la Justicia a cambio de reducción de penas. E impondrá incentivos para que las empresas ajusten sus procedimientos de transparencia.

La ley es un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que la Argentina quiere ingresar, y un compromiso asumido por el país al ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE. De los 41 países firmantes, sólo la Argentina y Eslovaquia no la tienen: Chile, Brasil, México, Colombia, Estados Unidos, España y
Francia la tienen.

Sobre los decretos para prevenir conflictos de intereses, que también elabora la Oficina Anticorrupción y aún no firmó Macri, uno se referiría a los juicios contra el Estado y regularía sólo
a las empresas vinculadas con el presidente y el vicepresidente. Otro establecerá limitaciones y controles a las contrataciones y licitaciones públicas sobre empresas vinculadas con el presidente, el vicepresidente y el jefe de Gabinete, que tienen jurisdicción sobre toda la administración, y con los ministros que contraten sobre su propia jurisdicción.

Las empresas que se postulen para ser proveedoras del Estado deberán declarar su eventual relación con esos funcionarios. Las que oculten potenciales conflictos de interés tendrán duras sanciones, desde su apartamiento del contrato hasta la eliminación del registro de proveedores
del Estado.