Proyecto de Ley de Tierras: se elevó al 25% el tope de compra para capitales extranjeros

El Gobierno nacional busca seguir con la flexibilización en el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y fomentar inversiones con la "Ley de Tierras". Sin embargo, las negociaciones parlamentarias obligaron a introducir cambios respecto de la propuesta inicial, que contemplaba una apertura mucho más amplia para la compra por parte de extranjeros.

El proyecto original de la La Libertad Avanza apuntaba a eliminar restricciones y dejar la regulación en manos de las provincias. Aunque con esta modificación se pasará del 15% al 25% del territorio nacional que puede ser adquirido por capitales del exterior, dejando atrás la idea inicial.

Está previsto que este martes, la senadora Patricia Bullrich participe del tratamiento del proyecto y exponga la posición del oficialismo durante el debate parlamentario. La dirigente, que viene encabezando las negociaciones con bloques aliados para destrabar la iniciativa, buscará defender la versión modificada del documento y sostener que el nuevo límite del 25% permite avanzar con una mayor apertura a las inversiones sin eliminar por completo los controles sobre la propiedad de tierras rurales.

Su intervención será una de las principales apuestas del oficialismo para intentar consolidar los apoyos necesarios y alcanzar la media sanción en la sesión prevista para este jueves.

De esta manera, el Ejecutivo busca ofrecer una alternativa intermedia entre el esquema vigente y la desregulación total que proponía inicialmente.

Modificaciones de último momento

Las modificaciones fueron negociadas en las últimas horas con legisladores aliados, especialmente aquellos vinculados a provincias con fuerte peso del sector agropecuario y de los recursos naturales. La Libertad Avanza considera que el nuevo documento mejora las posibilidades de aprobación, ya que disminuye algunos de los cuestionamientos que había despertado la versión original.

La discusión gira en torno al equilibrio entre atraer inversiones y mantener mecanismos de control sobre la propiedad de tierras rurales, particularmente en zonas consideradas estratégicas por sus recursos hídricos, productivos o fronterizos.

Hasta el fin de semana, el anotador de Bullrich mostraba que, como máximo, podía aspirar a tener 34 votos. Con este cambio aspira a alcanzar los 36 necesarios para poder avanzar y lograr la media sanción.

Desde el Ejecutivo sostienen que el régimen actual constituye una barrera para el ingreso de inversiones y limita proyectos vinculados al desarrollo agropecuario, energético y minero. En esa línea, la reforma apunta a flexibilizar las restricciones para facilitar operaciones inmobiliarias y emprendimientos productivos con participación extranjera.

Los cambios incorporados al proyecto no modifican el objetivo central de la iniciativa, pero sí introducen un límite concreto que intenta responder a las preocupaciones expresadas por sectores políticos y provinciales durante el debate parlamentario.