Avanza un acuerdo judicial entre Argentina y Brasil en el caso Odebrecht

La Justicia argentina quedó muy cerca de acceder a las evidencias que duermen en Brasil sobre las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios argentinos durante la última década. Tan cerca que los fiscales de ese país lo anunciaron ayer de manera oficial mientras que desde Buenos Aires aclararon que solo restan "detalles" para que así sea, lo que podría darse "en cuestión de días".

La información que comenzará a llegar desde Brasil apuntará, en particular, contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido , a su círculo inmediato de colaboradores (entre ellos, a su mano derecha, Roberto Baratta), al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, Carlos Wagner, y al lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, entre otros, según reveló La Nación durante los últimos meses.

Las delaciones brasileñas, sin embargo, van más allá de apuntar solo a los ex funcionarios e intermediarios. También permitirán exponer cómo Odebrecht participó en un reparto cartelizado de la obra pública en la Argentina durante años, junto a algunas de las empresas más importantes del país, cuyos ejecutivos habrían asumido un rol protagónico en los sobornos locales.

El envío de ese material depende ahora de cuestiones formales que deben completarse en la Argentina. Pero el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño ya lo da por descontado. Tanto, que subió ayer un comunicado oficial a su página de Internet para informar que "la Argentina selló un acuerdo con el MPF y podrá utilizar las delaciones recibidas en Brasil en el ámbito de la operación Lava Jato".

En la práctica, eso significa que los fiscales argentinos podrán acceder a todo lo que confesaron Marcelo Odebrecht y algunos de sus principales lugartenientes, como Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria, sobre las coimas por al menos US$ 59 millones que los brasileños pagaron en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos o construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas.

"Los tribunales del país vecino podrán usar las pruebas brasileñas para acusar a ex funcionarios involucrados en irregularidades", precisó el MPF en su comunicado, en el que detalló que "la Argentina se resistía a conceder la inmunidad a los delatores [brasileños] a cambio de la información, pero ese punto fue superado gracias a las gestiones de la SCI", en alusión a la Secretaría de Cooperación Internacional del propio MPF.

Desde Buenos Aires, fueron un poco más cautos. "Estamos muy cerquita, pero falta cerrar algún detalle y completar alguna consulta", indicaron desde la Procuración General, para luego apelar a una metáfora del rugby. "Digamos que la pelota en el in-goal todavía no la apoyamos", explicaron.

De manera más formal, desde la Procuración, a cargo de Eduardo Casal de manera interina desde la salida de Alejandra Gils Carbó, también emitieron ayer un comunicado. En él precisaron que el viernes se celebró una nueva reunión con los fiscales que investigan el capítulo argentino del Lava Jato más funcionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Cancillería para "avanzar en la cooperación" con Brasil.