ONU cuestionó el “exceso de prisión preventiva”

En las conclusiones preliminares de este grupo advirtieron que el sistema penal de la Argentina es “selectivo”.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó su “preocupación” por la “selectividad del sistema de justicia penal” argentino, al tiempo que advirtió sobre “el uso en exceso de la prisión preventiva” y “las amplias facultades de la Policía para privar a una persona de su libertad”.

Los expertos en derechos humanos Elina Steinerte (Letonia) y Stondji Roland Adjovi (Benín), quienes encabezaron una misión de diez días en el país, dieron a conocer las conclusiones “preliminares” del trabajo y coincidieron en que las personas “humildes, en condiciones de vulnerabilidad” y que participan de “protestas sociales” tienen más posibilidades de quedar detenidas.

“Aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como los niños, el colectivo Lgbti, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la Policía por la sospecha de haber cometido un delito o demorados para verificar su identidad”, alertó la delegación del Grupo que este jueves finalizó su visita oficial.

En conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en el país, en Junín 1940, los integrantes del grupo de trabajo reiteraron que la visita no tuvo que ver directamente con la detención de la líder de la “Tupac Amaru”, Milagro Sala, a quien visitaron la semana pasada en el penal de Alto Comedero, en Jujuy.

Para el grupo, en la Argentina existen “amplias facultades de la policía para privar a una persona de su libertad ante una sospecha” de un delito o también “demorarla” en una comisaría para averiguar su identidad.

Si bien los representantes de la ONU señalaron que las fuerzas afirmaron que “demorar” no significa “detener”, evaluaron que “si una persona no puede dejar un lugar por su propia voluntad, es una privación de la libertad”.

Además, pusieron énfasis en el “uso en exceso de la prisión preventiva” y advirtieron que pese a que debe darse en casos “excepcionales”, actualmente el “60 por ciento” de los presos del país no tiene condena.

“El plazo de 2 años, que ya de por sí es un período largo, se extiende y hay presos con 4, 6 y hasta 10 años con prisión preventiva”, enfatizó Steinerte y destacó que la mayoría de los detenidos en esa condición no están separados de los condenados, por lo que se constituye “una pena de facto y es una violación de los derechos internacionales”.

Los expertos también alertaron sobre la situación de las comisarías, que albergan a presos por “meses y años”, pese a no estar equipadas.

“Alentamos a las autoridades a aplicar medidas alternativas a la detención en todos los casos posibles y, en especial, en aquellas instancias en que las personas enviadas a un centro de detención irán a un entorno inadecuado o en condiciones de hacinamiento, lo que en sí mismo sería una forma de castigo”, subrayaron.

A la vez, observaron que en el caso de los menores de edad “la excepcionalidad en la privación de la libertad no se aplica como corresponde” y afirmaron que durante la visita recibieron “testimonios de casos de maltrato a menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”.

Incluso, pusieron el ejemplo de un niño de 8 años “privado de su libertad y maltratado”.

Durante la misión, visitaron la Ciudad, Buenos Aires, Chubut y Jujuy, y mantuvieron reuniones con referentes.

 

Pedido deliberación a Milagro Sala

Tras finalizar la misión en el país, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ratificó que “sigue vigente” su reclamo al Gobierno nacional por la liberación de la líder de la “Tupac Amaru”, Milagro Sala, que está presa en Jujuy desde enero de 2016.

A la conferencia que brindaron en la sede local de la ONU, en Junín 1940, asistieron colaboradores de Milagro Sala y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, interesados en los resultados de la misión.

Los enviados de la ONU también se entrevistaron con Morales la semana pasada, antes de revelar los datos preliminares de su informe.

La líder de la Tupac Amaru, que se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, enfrenta varias causas judiciales relacionadas con “defraudación a la administración pública” -por el manejo de fondos para la construcción de viviendas- y “daños” -por un escrache a Morales en 2009-, entre otros cargos.

El Grupo de Trabajo de la ONU calificó el año pasado de “arbitraria” su detención y ese pronunciamiento se sumó a los pedidos del Comité Interamericano de Derechos Humanos (Cidh) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la liberación de la dirigente.


 

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