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Programa Nacional de Inspectores Sindicales

Es un proyecto del senador Daniel Lovera de La Pampa cercano a la CGT. La iniciativa plantea cargar un área más al ministerio que comanda Jorge Triaca. Cada “inspector” deberá tener al menos tres años en el sindicato y contará con protección, como los delegados.

En medio de la tensa relación Gobierno-sindicatos, un senador nacional que responde al gremialismo impulsa en sigilo un proyecto que plantea la creación de un “Programa Nacional de Inspectores Sindicales para el Trabajo Decente, en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, que tendrá como objetivo cumplir el rol de “poder de policía de trabajo” de la ley 25.212 (Pacto Federal del Trabajo).

La iniciativa es de Daniel Lovera, una de las terminales en el Senado del experimentado gobernador pampeano, Carlos Verna, un mandatario “no friendly” de Casa Rosada. El texto en cuestión, que comenzará a ser analizado esta semana por asesores, apunta al cumplimiento de “contribuir por medio de Inspectores Sindicales a la detección de acciones u omisiones violatorias de las leyes y reglamentos de trabajo, salud, higiene y seguridad en el trabajo, así como de las cláusulas normativas correspondientes de los convenios colectivos”.

Según marca el proyecto, “las organizaciones sindicales podrán designar ante el Ministerio de Trabajo” a “inspectores sindicales” que deberán “elaborar informes y recomendaciones a las autoridades públicas a los efectos de prevenir y abordar los riesgos del trabajo”, entre otras. Para ese cargo, habrá que tener un mínimo de tres años de antigüedad como afiliado en la organización sindical y tendrán “las protecciones laborales que los delegados sindicales”.

El número de inspectores que designarán los gremios en cada establecimiento se determinará, por caso, “teniendo en cuenta el número, naturaleza, importancia y situación de los establecimientos sujetos a inspección; “el número y la función específica de los trabajadores empleados en tales establecimientos; y “el número y la complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación debe velarse; y “los antecedentes de riesgos del trabajo de las actividades de los establecimientos”.

Cada controlador tendrá una capacitación de “12 horas cátedra como mínimo” y “las erogaciones que demanden la formación laboral continua y la actuación de los inspectores que se encuentren incluidos” en esta ley “serán solventadas en su totalidad por el presupuesto correspondiente a la autoridad de aplicación de la misma”, es decir, el Estado. Ante infracciones, el empleador tendrá cinco días hábiles para realizar el descargo correspondiente y contarán luego con una cantidad de tiempo idéntica para aplicar las sanciones.

En los argumentos de la iniciativa, Lovera apunta a un “nuevo rol de las organizaciones sindicales”, que “además de proteger a los trabajadores ante los despidos o promover paritarias para asegurar salarios dignos”, puedan “contribuir con las autoridades públicas en el ejercicio del poder de policía para garantizar los derechos de los trabajadores”.

Los senadores también fundamentan: “Se estima que uno de cada tres empleados lo hace de manera informal. Las estadísticas del INDEC del segundo trimestre del año pasado indicaban que un 33,1% de la población laboral, lo que equivale a casi 4,3 millones de personas, estaba trabajando en la informalidad o ‘en negro’. Pero, según especialistas, esta cifra puede ampliarse si se toma en cuenta a quienes trabajan en forma independiente o autónoma. Según señalan desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), un 70% de quienes trabajan en forma independiente, autónomos y monotributistas no realizan aportes. Así se llega a que casi un 50 por ciento de la fuerza laboral lo hace de manera informal.