Quedó en suspenso el proyecto de reforma de la ley de salud mental

En la última reunión del Consejo Federal de Salud, realizada en Salta, el ministro de Salud de la Nación aseguró que no habrá cambios sin participación de las provincias y las asociaciones.

Fuentes locales confirmaron que, por ahora, quedó en suspenso el proyecto de modificar el decreto reglamentario de la ley nacional de salud mental y adicciones 26.657, iniciativa que generó debate semanas atrás porque cambiaría, en algunos aspectos, el espíritu de la norma.

Uno de los puntos polémicos del proyecto apuntaba a que los servicios de salud mental quedaran a cargo de médicos expertos, lo cual dejaba al margen a trabajadores como los psicólogos.

Además, la ley nacional plantea que para el 2020 no debe haber más instituciones monovalentes, como se denomina a los manicomios, pero el proyecto de decreto promovía que estas instituciones siguieran coexistiendo con otros dispositivos de apoyo.

Mientras el Colegio de Psicólogos de Salta manifestó su oposición a estas ideas, la Asociación de Psiquiatras las defendió por completo. Desde la Provincia se envió una propuesta para modificar algunos artículos, a los que dieron lugar desde el Ministerio de Salud de Nación.

Claudia Román Ru, coordinadora de Salud Mental de la Provincia, dijo a El Tribuno que el ministro de Salud de Nación, Adolfo Rubinstein, aseguró, durante la última reunión del Consejo Federal de Salud, realizada en Salta la semana pasada, que la iniciativa no saldrá sin la participación de todas las provincias y de las asociaciones del sector.

Contrapunto

La Asociación de Psiquiatría de Salta manifestó en su página institucional “apoyo total” al proyecto de modificación del decreto reglamentario. El presidente de la institución, Gustavo Adolfo Vacaflores, en una carta dirigida al jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, concluyó, tras haber hecho un análisis exhaustivo del proyecto, que “el mismo no modifica la ley; por el contrario tiende a completarla reorganizando y promoviendo acciones tendientes a unificar criterios y readecuar recursos”.

Irma Silva, presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, se manifestó en contra del proyecto de decreto. Entre otros puntos, cuestionó la independencia del Órgano de Revisión, la entidad que vigila el cumplimiento de la ley y protege los derechos de los usuarios del sistema de salud y sus familias.

“En la propuesta, si bien lo sostiene en este ámbito, define que la Secretaría General, o sea, la que hasta el momento coordina el órgano, va a ser designada por el Ministerio de Salud, que controlaría sus propias prácticas”, manifestaron.

“El campo de la salud mental requiere ser pensado como un terreno en disputa. Toda simplificación nos aleja del cometido que la ley 26.657 enuncia: “Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental’. No ignoramos que entre la letra de la ley y la necesaria transformación de los sistemas de salud media aún una distancia pero nuestras prácticas, entre muchas otras, no dejan dudas de que terminar con el sistema manicomial es posible, siempre que exista la decisión de redistribuir recursos, convocar voluntades y crear dispositivos sustitutivos”, concluyó Silva.

La Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos plantea que la ley 26.657, sancionada en noviembre de 2010 y reglamentada en mayo de 2013, cristalizó “décadas de lucha sostenida por diversos sectores de la sociedad civil por terminar con un modelo manicomial discriminador y estigmatizante”. Y aseguran también que la ley nacional legitimó “la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva”, planteada en la Declaración de Caracas de la Organización Mundial de la Salud en 1990.

La noticia de la polémica por el decreto llegó a Europa, donde la Asamblea del Congreso Internacional de Salud Mental, realizado en Trieste (Italia) entre el 13 y el 15 de noviembre, aprobó una declaración en la que manifestó su desacuerdo con el proyecto. El documento, firmado por el director del Departamento de Salud Mental de Trieste y la presidenta de la Conferencia Permanente por la Salud Mental en el Mundo, contó con el apoyo de más de 500 referentes mundiales de salud mental.

Contrapropuesta  desde Salta

El proyecto de reforma del decreto reglamentario de la ley 26.657, que quedó en suspenso, fue realizado desde la Ciudad de Buenos Aires, sin participación federal, y fue compartido a las provincias.

Desde Salta se venía trabajando en la reglamentación de la ley de salud mental y, tras recibir el proyecto, se elevó una propuesta con sugerencias sobre algunos artículos. Tucumán, Tierra del Fuego y Chaco, entre otras, se sumaron al pedido, que fue atendido por el ministro de Salud de Nación, Adolfo Rubinstein.

“Nosotros proponemos que sea más abierto, sobre todo, cuando se trata de la interdisciplina, el lugar que tienen los distintos saberes y también el espacio y la participación de los mismos usuarios y familiares, fundamentales en todo el proceso”, manifestó Claudia Román Ru, coordinadora de Salud Mental de Salta.

Sobre la idea de que los servicios de salud mental queden a cargo solo de médicos expertos, la funcionaria aseguró: “Nosotros propusimos que, como es un trabajo interdisciplinario, la coordinación de los servicios debe depender de personas que sean idóneas, tengan capacitación y formación. No solo una carrera de grado da esa idoneidad, sino que también influyen la formación y las características de la persona para liderar y gestionar los servicios”, explicó Román Ru.

Otro de los puntos que se propuso desde Salta fue remarcar que la internación no debe ser una solución a un problema social. “La internación sigue siendo restrictiva y debe ser el último recurso. Cuando es una internación involuntaria, hay que dar conocimiento inmediato a Defensoría y a Asesoría”, señaló la coordinadora.

La ley 26.657 plantea que para el año 2020 no debe haber más instituciones monovalentes -manicomios-, porque esa política está en sintonía con organismos internacionales.

El espíritu de la ley apunta a que la salud mental se trate en los hospitales generales y que no se separe los servicios de psiquiatría del resto del sistema sanitario.

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