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Reynoso escuchó los graves cargos que pesan en su contra

El juicio al ex hombre fuerte de la Justicia Federal de Orán comenzó con la recusación a una camarista. Reynoso logró que la jueza Marina Catalano se apartara del tribunal por violencia moral.

El inicio del juicio al exjuez federal de Orán Raúl Juan Reynoso tuvo todos los condimentos de la final de un partido de fútbol, en este caso con un resultado parcial e inesperado en favor del equipo, supuestamente, más débil. Con la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, todo indicaba que el score terminaría a favor de la Fiscalía. Sin embargo, sobre el final del debate, Reynoso sacó a relucir sus primeras armas y logró el apartamiento de Mariana Catalano, la camarista suplente que a último momento se sumó al tribunal integrado por el presidente Federico Díaz y los vocales Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas.

Sin bien este incidente no es determinante a los fines del veredicto, todo indica que tanto el exmagistrado como los otros siete imputados están dispuestos a dar pelea para demostrar su inocencia. Además de Reynoso, en el banquillo de los acusados están los abogados René Alberto Gómez, María Elena Esper Durán, Antonio Valor y Arsenio Eladio Gaona (cuñado de Reynoso), además de los empleados judiciales Miguel Saavedra y César Aparicio y una hermana de este último, Rosalía Aparicio.

El exjuez norteño está acusado de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, por cohecho y prevaricato. Según la pieza acusatoria, los nombrados formaron parte de una asociación de carácter estable con soporte judicial y con capacidad para articular roles y acciones para sostener la actividad ilícita. En este marco se expresa que la red delictiva fue “montada, coordinada y encabezada por Reynoso” en la ciudad de Orán, a partir del 19 de marzo de 2010. La organización se dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones contraria a derecho en favor de los intereses de personas imputadas en procesos judiciales vinculadas a la narcocriminalidad. Estos “favores” consistían en excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entrega de bienes y sumas dinerarias a imputadas, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero.

Para lograr ese cometido, bajo la dirección de Reynoso, sus integrantes realizaron todas las conductas delictivas necesarias de acuerdo a las circunstancias de cada caso. En cuanto a la asignación de roles, se estableció que el líder de la banda ordenaba cómo proceder y, en tal sentido, distribuía las funciones a cada uno de los miembros de la organización y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas a cambio de dinero. Según la descripción de los hechos, los abogados Gómez, Gaona y Esper gestionaban e intermediaban en el dictado de resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de sus actividades profesionales. Respecto a Saavedra, se consigna que tenía a su cargo la elaboración de los dictámenes judiciales y que Aparicio era el que realizaba los cobros de las coimas. A este imputado también se le atribuye la tarea de realizar operaciones comerciales tendientes a traspasar los bienes malhabidos a nombre de otras personas con el propósito de impedir las detecciones del accionar delictivo de la banda. Frente a lo expuesto se estableció que la conducta desplegada por la organización se vio concretada mediante las resoluciones favorables que dictaba Reynoso como titular del Juzgado Federal de Orán.

De la investigación se logró probar que entre 2010 y 2014 el exmagistrado concedió ilegítimamente la excarcelación de manera sistemática a Guillermo Jaime Sarmiento en causas vinculadas con la ley de estupefacientes. En todos los casos el imputado contó con el patrocinio de la abogada Esper. También con la asistencia de esta abogada de nacionalidad boliviana, el 5 de marzo de 2015 Reynoso devolvió 300 mil pesos al procesado por narcotráfico Marcos Ricardo Mástaka y a su esposa Gloria Isabel Olmedo. Con posteridad dispuso la libertad domiciliaria del nombrado Mástaka.

 

Los narcos gozaban de libertades tarifadas

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La fiscalía aportó numerosas pruebas del accionar de la banda que lideraba Reynoso.

Dentro de la batería de imputaciones al exjuez federal de Orán Raúl Juan Reynoso, se lo acusa de haber modificado el auto de procesamiento de varios narcotraficantes detenidos en el norte de la provincia. Además de los nombrados Mástaka y Sarmiento, de la investigación surgió que otro de los narcos beneficiados fue Marcelino Mario Bladescari. El 19 de marzo de 2015, a cambio de sumas dinerarias y o dádivas, ordenó la devolución de una camioneta Amarok al nombrado. Con la intervención de su cuñado Gaona, Reynoso calificó al imputado como partícipe secundario, apartándose de las constancias de la causa y omitiendo otras pruebas de su conocimiento.

En el caso del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, para la fiscalía resultó harto alevoso el proceder del exmagistrado. El 25 abril de 2015, le concedió de modo ilegítimo la libertad provisoria al imputado, pese a estar procesado por varios casos de narcotráfico y el secuestro de una decena de camiones en los que ingresaba voluminosos cargamentos de drogas al país a través de la frontera norte. Sejas Rosales fue asistido por el abogado Ramón Valor, otro de los letrados sospechado de pertenecer a la organización delictiva que comandaba Reynoso.

Otros de los procesados beneficiados con los bondadosos fallos del exjuez norteño fueron Pablo Sebastián Meneses, Iván Edgardo Cabezas y Bruno Maximiliano Mazzone, entre junio y julio de 2015. Los patrocinantes de los nombrados, en este caso, fueron también los abogados María Elena Esper y su cuñado Arsenio Gaona.

La libertad otorgada a José Miguel Farfán, el 21 de enero de 2014, también fue considerada por la fiscalía como un procedimiento ilegítimo por parte de Reynoso, al haberse apartado arbitrariamente de las constancias de la causa. Lo propio ocurrió con el sobreseimiento del narco Pablo Raúl Vera, el 11 de abril 2013, quien a cambio de ese beneficio entregó a la organización 700 hectáreas de la finca Mollinedo, en el departamento Rivadavia. Esto es lo que más compromete a René Alberto Gómez, integrante del cuarteto de abogados acusados de formar parte de la red delictiva creada por Reynoso. Por este hecho fue imputada Rosalía Aparicio al haber actuado como intermediaria para la recepción de la dádiva pagada por la organización. La mujer inscribió a su nombre dicho inmueble.

Estaban cebados

Según la requisitoria fiscal, los integrantes de la banda estaban cebados con el negocio de las coimas. Un testigo declaró que en una oportunidad se encontró el Juzgado Federal de Orán con la abogada Esper y esta le mostró una cartera llena de dinero. Minutos después ingresó a una oficina y al regresar le exhibió la cartera vacía.

Haciendo alarde de su accionar, la letrada le manifestó que no era necesario estudiar para defender a la gente, sino tener muñeca, y que era necesario pagar para recuperar la libertad. También le comentó que en una causa en la que se secuestraron 60 kilos de droga, el imputado entregó una camioneta Toyota y dinero y recuperó la libertad. Se refería a una causa en la que estaba involucrado Mario Valdés (a) “El Chapaco”. De igual forma la abogada le comentó que Marcos Mástaka y Luis Alberto Vera habían pagado $400.000 para que Reynoso les otorgara el beneficio de la libertad.

Los nombrados fueron detenido con 58 kilos de cocaína el 16 de junio de 2014 en un control de Gendarmería en las intersección de la rutas 81 y 34. Además de la droga, a los narcos les secuestraron 485 mil pesos y 13.500 dólares. Tras el procesamiento Mástaka designó como defensora a la abogada Esper, quien solicitó la restitución del dinero con el argumento de que los montos secuestrados eran de la esposa del imputado, producto de una herencia que le dejó su padre. Meses después Reynoso ordenó devolución de $300.000 a la mujer y la prisión domiciliaria de Mástaka bajo caución de $200.000.

Otra causa que prueba el sospechoso proceder del juez está referida al caso de Mario Valdés, quien fue detenido con 61 kilos de droga y fue beneficiado con la falta de mérito.

 

El aporte de los medios y del abogado Leiva

Teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas que fueron acollaradas a la causa y que permitieron acreditar la hipótesis criminal planteada, la fiscalía consideró agotada la primera parte del proceso, sin perjuicio de que la investigación contra el exjuez Reynoso y la banda pueda continuar en otras instancias. La investigación se inició a partir de una nota periodística difundida por medios de la ciudad de Orán.


Las sospechas en torno al accionar de la organización se potenciaron a partir de una denuncia pública realizada por el abogado David Leiva, quien dio cuenta que dentro del Juzgado Federal de Orán se vendía la libertad de los narcotraficantes. El letrado señaló que había un grupo de abogados que actuaban como intermediarios entre el juez Reynoso y los delincuentes. Leiva arremetió contra el abogado Gaona, cuñado de Reynoso, a quien acusó de ver libertades de narcos en Tartagal. Refirió que en la ciudad norteña el citado letrado le pidió 50 mil dólares a un narco de apellido Darwin para que lo dejaran en libertad. De esas denuncias surgió el nombre de Guillermo Jaime Sarmiento, un conocido narco de la zona que era beneficiado con los fallos de Reynoso cada vez que caía detenido por droga.
Denuncias posteriores permitieron acreditar que el nombrado Sarmiento entregó cuantiosas sumas de dinero a su abogada Esper al margen de sus horarios. Fue un imputado de apellido Britez el que reseñó los hechos y dejó entrever que los dineros extras que recibía la abogada Esper iban a parar a las manos de Reynoso, con lo que justificó los motivos por cuales Sarmiento recuperaba la libertad cada vez que caía preso. A su vez Leiva aportó otras pruebas que no solo tenían que ver con el beneficio que el juez otorgaba a los narcos, sino con el contrabando de mercadería a Bolivia.

 

Un ex detenido confirmó la coima

Según la fiscalía, el aporte realizado por el exdetenido Iván Cabezas también fue vital para empezar a desmadejar el accionar de la organización delictiva que operaba desde el Juzgado Federal de Orán. Cabezas denunció que a su esposa le hicieron pagar 100 mil pesos para que le otorgaran la libertad por una causa por narcotráfico que le armaron en Orán.
En su exposición el comerciante señaló que en un principio le habían solicitado 3 millones de pesos y como él se opuso, los intermediarios de Reynoso fueron reduciendo en sus pretensiones. También declaró que en la cárcel tomó conocimiento de que por el caso de un detenido de apellido Quiroga la familia de éste pagó $700.000. Asimismo refirió que en el presidio se comentaba que por la causa Sejas Rosales, éste pagó 350 mil dólares para que le dieran la libertad. Dijo que de este monto, el abogado Valor se quedó con 50 mil de la moneda estadounidense.