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Solicitan federalizar la causa de los sicarios de Orán

“Los atentados criminales fueron realizados por cuestiones de narcotráfico, ajuste de cuentas por drogas y mejicaneadas”, afirma un escrito presentado por un defensor.

Un abogado defensor solicitó mediante un escrito dirigido al juez federal 1 que declare su competencia para entender en la causa GAR 56464/17, en contra de los sicarios de Orán que se tramita actualmente ante el Juzgado de Garantías 2 de la Justicia ordinaria. En tal sentido el abogado solicitó que se requiera al juez de Garantías 2 la remisión de los autos o, en caso de oposición por parte del requerido a inhibirse, la elevación al superior para la solución de la incidencia.

El incidente procesal viene al caso porque, según el letrado, el origen de los atentados en contra de Raúl Martínez y Ricardo Gerónimo fue un claro ajuste de cuentas por deudas o traiciones en el tráfico de cocaína a grandes escalas y que, además, la Justicia ordinaria salteña soslaya investigar los delitos de las supuestas víctimas, también ligadas al narcotráfico de grandes volúmenes.

El defensor además argumenta que en la causa de referencia que se ventila en la Justicia ordinaria se hace directa referencia a una “guerra narco” y a “ajustes de cuentas” a cargo de sicarios.

Ajustes de cuentas como castigo a “mejicaneadas”; actividades que incluso generaron actuaciones por parte de la Fiscalía Federal de Orán (sin que se comprenda el motivo por el cual esta fiscalía haya excepcionado de competencia).

A esto se debe agregar que, según el Ministerio Público de la Provincia de Salta, los hechos de sangre en contra de los señores Gerónimo y Martínez están directamente vinculados a los operativos que finalmente concluyeron con la detención de Raúl Rojas y Javier Rojas, ya que se sindica al primero como el mentor de un ajuste de cuentas o venganza de sangre en contra de Gerónimo y Martínez, ya que estos habrían “mejicaneado” drogas de Rojas o (según otra versión que también se desliza en la I.P.P.) los dos nombrados habrían delatado (“entregado” según la jerga del hampa) a las personas que fueron capturadas en la zona de La Laguna, procedimiento que finalmente disparó los allanamientos y detenciones.

Además, y con buen criterio, asegura que los hechos que se ventilan en las causas de marras han traspuesto las fronteras de la provincia de Salta, por ser imputados como ejecutores de los ajustes de cuentas a personas de la provincia de Tucumán, lo cual habilita la competencia federal.

Según el letrado, la Provincia desfederalizó el transporte y la comercialización de estupefacientes cuando se realizan estas actividades para el menudeo o en pequeñas cantidades. Sobre este último particular, refuerza la tesis que propugnó la propia jurisdicción provincial, la cual, a través de la acordada 11554/2013 de la Corte de Justicia de Salta, establece claramente algunos de estos límites son: 1) tenencia simple; 2) tenencia para consumo personal; 3) tenencia con fines de comercialización simple, y así sucesivamente en lo primario o más elemental del tráfico de sustancias prohibidas por la ley antinarcotráfico.

Por estos planteos el defensor solicita la inmediata inhibición de la Justicia provincial del caso de los sicarios y abrir una investigación federal más amplia y que implique también a las víctimas hoy desvinculadas de la causa.

Amenazas

El tema del sicariato abrió otra línea al sufrir la hija y la esposa de uno de los detenidos una grave amenaza de muerte en la vía pública de Orán, donde las dos mujeres fueron apuntadas con armas de grueso calibre en la vía pública.

El defensor de ellas, Pablo Cardozo, dijo que existe una especie de tabú vinculado a esta causa, que no sale del fuero provincial y que no se investigan los verdaderos delitos que llevaron a una de las bandas a tramar los atentados que fueron sorpresivamente preparados en una comisaría de Cerrillos.

Desde Cerrillos

Una fuente indica que el supuesto autor intelectual de los dos ajustes de cuentas ocurridos en Orán fue el narco conocido en el ambiente como el “Coya” Rojas, quien pergeñó el exterminio de estas dos personas poco después de que parte de su banda narco fuera detenida en Orán, gracias a la colaboración supuesta de los ajusticiados luego.
La venganza mortal se cree que fue tramada desde la celda de una comisaría de Cerrillos, donde supuestamente Rojas estaba confinado junto con un preso común, al borde de la libertad. Rojas se encontraba residiendo en una dependencia provincial y no en la cárcel, y que su compañero de celda, que gozaba de salidas, se encargaba de comprar casi a diario celulares y chips que eran utilizados en la noche por el capo narco para dar instrucciones a su lugarteniente.
“Hoy la causa está a punto de federalizarse y algunos acuerdos al borde de caerse”, dijo una alta fuente de Justicia.