Un eventual juicio a Dilma divide a la oposición en Brasil

El “juicio político” a la presidenta Dilma Rousseff anhelado por los sectores políticos más radicales, a quienes dentro y fuera de Brasil ya bautizan de “Tea Party a la brasileña”, dista de convocar opiniones unánimes. El tema está en los medios y en los comentarios políticos y forma parte del discurso de los ministros de la presidente que repudian la ofensiva.

Lo cierto es que una buena parte del opositor Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) descarta esa iniciativa a la que consideran apresurada, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. También sostienen que carece de “fundamentos legales” suficientes como para garantizar su éxito. Hasta el más intransigente adversario de la gobernante, el senador y ex candidato presidencial derrotado Aécio Neves, pidió “cautela” a aquellos que, desde su agrupación, quieren salir con bombos y platillos a reclamar la destitución.

En la búsqueda de causas que podrían derivar en “impedimentos” de Rousseff para continuar al frente del Palacio del Planalto, los anti-Dilma encontraron una “perlita” en el dictamen emitido esta semana por el Tribunal de Cuentas de la Unión. El organismo acusó al “gobierno anterior” concluido el 31 de diciembre de 2014 de haber cometido una seria infracción contra la ley de responsabilidad fiscal: “pedaleó” apenas por unos días la contabilidad de gastos del Estado para lograr un mejor perfil en las cuentas del fisco.

Solo que el TCU (siglas de esa oficina) limitó su acusación a la anterior gestión económica, a cargo del ex ministro Guido Mantega. Eludió en cambio cualquier referencia al nuevo jefe del Ministerio de Hacienda, Joaquim Levy, un funcionario con prestigio internacional y que está a cargo de un ajuste bien recibido por el empresariado brasileño y que no quieren que sufra contingencias.

Este viernes, el ministro de Justicia José Eduardo Cardozo y el abogado general de la Unión, Luís Inácio Adams, dijeron que la oposición “tiene una desesperación compulsiva” por forzar el inicio de un proceso de juicio. Y negaron que sea irregular que el gobierno haya utilizado bancos públicos para cubrir temporariamente gastos que deberían ser pagos por el Tesoro (de eso se trata la “pedaleada”). Para el Tribunal de Cuentas ese tipo de operaciones son violatorias de la ley. El TCU sin embargo, se cuidó muy bien de no incluir a Dilma Rousseff en tales “delitos”.

El miércoles último, en una reunión de los líderes opositores en la Cámara de Diputados con los jefes “tucanes” –la militancia socialdemócrata–, los “jóvenes” pidieron a los “viejos” que encabecen la demanda por el “impeachment”. La dirigencia nacional, ubicada en el Senado, se negó a levantar esa bandera. ¿Las razones? Son muchas y separan a los “gurkas” de los contemporizadores. Los legisladores de la Cámara Baja tienen otras realidades: están más próximos de las bases, que desfilaron el último 12 de abril junto a los “movimientos espontáneos” como “Vení para la calle” o “Rebeldes Online”. Estas variantes “sin partido”, como se autodefinen, son las nuevas estrellas del Tea Party tupiniquins (palabra que designa a un grupo indígena brasileño de la nación tupí, que poblaba el estado de San Pablo, y que hoy es sinónimo de autóctono).

En su mayoría blancos y de clases medias prósperas, llenaron los centros capitalinos de San Pablo y Río de Janeiro, en un domingo de marzo y en otro de abril. En esas marchas coloridas de amarillo y verde, con camisetas salidas del Mundial de 2014, no faltaron detalles carnavalescos. En San Pablo por ejemplo, una empresaria de cuerpo abundante se exhibió primero sin corpiño y luego sin ninguna clase de taparrabos, apenas cubierta por un velo transparente.

Para los senadores, entre ellos los tres más destacados: José Serra, Aécio Neves y Aloysio Nunes Ferreira, desbancar a Dilma no es una tarea de hoy para mañana. Entre otras cosas porque junto al gobernador paulista Geraldo Alckmin, todos son figuras presidenciables en las elecciones generales de 2018. Y nadie quiere que otro venga a ocuparle el puesto antes de un acuerdo general que ni siquiera comenzó a elaborarse. Estos jerarcas evaluaron, en un almuerzo del miércoles último, que no hay argumentos jurídicos suficientes.

Rousseff, por la Constitución, no puede perder un mandato por “delitos” supuestamente cometidos antes de ser elegida en octubre de 2014. Neves postuló: “Estamos discutiendo todas las alternativas. Pero no existe una posición (común) al menos hasta el momento que induzca al PSDB a demandar el alejamiento de la presidenta”.

Por de pronto, Neves prefiere pedir evaluaciones a legistas. Solicitó una opinión al ex ministro de Justicia de Cardoso, el jurista Miguel Reale. El profesional debe decidir si hay realmente delito que justifique el juicio político.

Quienes armaron esta ofensiva están muy apurados. Si Dilma fuera relevada antes de finalizar el año habría nuevas elecciones. Pero si el proceso se demora, quien asumiría para completar el mandato es el vicepresidente Michel Temer.

 

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